El Grupo Municipal Popular ha dado a conocer la existencia de un informe que alertaba del grave riesgo que entrañaba el estado de la calle Canónigos y por el que se instaba a desarrollar una solución de “urgencia” puesto que la posibilidad de colapsar era repentina, “poniendo en peligro la propia vía, el entronque del Puente de San Pablo, la zona de aguas debajo de la calle y a las personas y vehículos que se puedan encontrar por la zona”. El texto, firmado por el experto en Ingeniería Geológica, Edificación y Obra Pública, Raimundo Gómez Revilla, fue enviado en octubre de 2019 al alcalde, Darío Dolz, y a la concejal de Urbanismo, Nelia Valverde, según los populares.

El informe especificaba que “el tramo de carretera que descansa sobre un lienzo de muralla se está despegando de la roca”. Una grieta que “se sigue ensanchando” y que muestra varias circunstancias, a juicio del experto. En primer lugar, que “el muro de piedra bajo la calle, que actúa como contrafuerte, ha perdido su función”. En segundo lugar, que “el movimiento de separación está en marcha y se verá agravado por el agua de lluvia y la procedente de fugas de la red municipal o de fecales”. Y en tercer lugar, que “la tendencia es al colapso por pérdida de cohesión y lavado del relleno entre el muro de piedra y la roca natural”.

Asimismo, el informe de Gómez Revilla ofrece una serie de recomendaciones: “actuar con urgencia, impedir el tránsito de vehículos y personas provisionalmente hasta que se solucione el problema, realizar una estabilización provisional de urgencia que impida la continuación del deterioro y colapso y permita colocar maquinaria sobre la calle para realizar la estabilización definitiva y ejecutar la estabilización definitiva”.

El edil popular José Manuel Cañizares, que compareció en rueda de prensa con José Ángel Gómez Buendía y Cristina López, denunció que la gestión del equipo de Gobierno, “amparada o no en otros informes, contradictorios o no con éste”, se ha caracterizado por “la elección de un procedimiento administrativo no urgente que se ha dilatado durante 20 meses, por la no adopción de medida alguna destinada a evitar que continuara la filtración de agua de lluvia y por la autorización del inicio de las obras con escasas o ninguna medida de estabilización previa de la zona afectada”. De esta forma, añadió que dicha gestión “contradice cada una de las recomendaciones y advertencias que sí conocieron a partir de este informe”, y cuyo resultado “todos conocemos”.

Más allá de estudiar posibles repercusiones penales, los populares creen que debe haberlas de inmediato a nivel político, y por ello exigieron la dimisión tanto de Darío Dolz como de Nelia Valverde, “una vez que hemos podido contrastar que ambos conocieron la gravedad del problema”, además de la ya solicitada del responsable municipal de Patrimonio, Miguel Ángel Valero. “De la gestión se deriva, en el mejor de los casos, una grave falta de diligencia con consecuencias severas sobre el patrimonio y que ha inducido un grave riesgo sobre la vida de las personas”, sentenciaron al respecto.