El Tribunal Constitucional se pone del lado de Moncloa y tumba el segundo párrafo del artículo 8.2 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 2018. Una anulación que a priori podría parecer banal, pero que le va a ahorrar al Gobierno central muchos millones de euros en concepto de indemnizaciones a agricultores y ganaderos.
Lo que dice este artículo es que «los daños agrícolas, forestales y ganaderos producidos por las especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas» corren a cargo de las administraciones públicas titulares de estas infraestructuras. Infraestructuras que en el ámbito de Castilla-la Mancha son en la inmensa mayoría de los casos de propiedad estatal.
Unos daños que en los últimos años se han multiplicado exponencialmente en la región a cuenta de los conejos que habitan los taludes de las carreteras y autovías y en la inmediaciones de las vías férreas, según denuncia insistentemente la patronal agraria Asaja. Y que han llevado incluso a declarar buena parte de la comunidad autónoma como zona de emergencia cinegética, con el fin de controlar la sobrepoblación de estos roedores.
Con esta sentencia, firmada a primeros de este mes, el Gobierno central quedaría liberado de su responsabilidad económica en este ámbito, a pesar de que estas áreas son el epicentro de la ya citada sobrepoblación de conejos. Y es que, como denuncian los colectivos agrarios afectados, el Estado no realiza las pertinentes labores de limpieza en estas zonas, donde está prohibida la práctica ordinaria de la caza por razones obvias de seguridad.
600 millones de pérdidas. Aunque es difícil conocer con exactitud los perjuicios que esta situación ha provocado en los bolsillos del agricultor, la plataforma de damnificados por la plaga de conejos ya denunció el año pasado unas pérdidas de 600 millones de euros y más de 77.800 hectáreas de cereal arrasadas por los conejos en 2018 en toda Castilla-La Mancha. Cifras que podían haber ido en aumento este año a pesar de las medidas de control llevadas a cabo. La superpoblación de esta especie ya ha hecho que se declare la emergencia cinegética en más de 270 pueblos de la región.
Sin perder de vista tampoco que este problema no hace sino acentuarse con la sequía. Como apuntaba hace unas semanas esta plataforma a La Tribuna, la falta de precipitaciones ha favorecido proliferación de estos animales durante la primavera. Más conejos, y por lo tanto, más daños en los cultivos.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha llegado a entender nunca el recurso presentado por Moncloa a primeros de año, aunque se ha intentado quitar hierro al asunto asegurando que son «cuestiones técnicas» y no de «filosofía de fondo» entre dos Ejecutivos gobernados por socialistas.
Como decía hace unos meses el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, «el Ministerio de Fomento tiene que velar porque no se produzcan daños a las explotaciones agrarias que están al lado de sus infraestructuras». Y» esta más que comprobado que en estas infraestructuras, fundamentalmente, estamos hablando de los daños que provocan los conejos porque tienen las madrigueras en esas infraestructuras, y tiene que actuar para atajar ese problema y, en todo caso, tendrá que hacerse cargo de los daños», sentenciaba.
Una copia de la ley de caza aragonesa. En este sentido, llama la atención el hecho de que Moncloa solo vaya contra la ley castellano-manchega, cuando el artículo en litigio es una copia literal de la Ley de Caza de la comunidad de Aragón, también de mayoría socialista, que se aprobó en 2015 y no ha sido recurrido por el Estado central.
Un hecho que, como ya se ha apuntado desde el Ejecutivo castellano-manchego, supone una contradicción de los servicios jurídicos de Moncloa, que podría generar un efecto de desigualdad entre autonomías.
Cabe recordar que la actual Ley de Caza regional, aprobada por PSOE y Podemos en 2018, es una reforma de la normativa de 2014. diseñada por el entonces Gobierno de María Dolores de Cospedal. Entre otras cuestiones, esta reforma incluía la asunción de las administraciones públicas de su responsabilidad por los daños causados por especies cinegéticas procedentes de terrenos de su propiedad.