La continuidad en la política agraria con las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común y su entorno como monotema y una Ley de la Cadena que no está dando los resultados esperados serían los datos más relevantes de las actuaciones llevadas a cabo por el ministro Luis Planas desde su llegada a Agricultura, Pesca y Alimentación en junio de 2018. Esto no quiere decir que el Ministerio y sus equipos hayan estado cruzados de brazos. Político y diplomático de profesión, aunque venía con una experiencia en la política agraria nacional y comunitaria, en medios del sector se estima que tenía puesta su mirada en el exterior.

Al aire de las circunstancias, las negociaciones para la reforma de la PAC en Bruselas y las posteriores en España con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias han acaparado la mayor parte del trabajo, y lo seguirán haciendo a corto y medio plazo, para su futura aplicación en nuestro país. Luis Planas, en un contexto de ajustes presupuestarios en Bruselas, logró el mantenimiento de los fondos del periodo anterior con 47.724 millones de euros, lo que supone un ajuste en las disponibilidades reales para el sector por el impacto de la inflación. Ligado a la PAC y la distribución de los fondos, Agricultura abordó el proceso de convergencia para acercar los pagos en una misma región por una misma actividad, con el rechazo de quienes tiene los mayores ingresos, especialmente en Andalucía, y el silencio de quienes se van a beneficiar.

La nueva regulación de la Ley de la Cadena ha sido, sin duda, la normativa estrella de la legislatura, todavía en este momento a debate en el Parlamento. Luis Planas se adelantó con un real decreto ley con los tractores en las carreteras en febrero de 2020 planteando como la gran novedad la exigencia de que los agricultores y ganaderos percibieran unos precios de venta que al menos cubrieran los costes de producción. A más de un año vista, la realidad es que sigue siendo más un deseo que una realidad, fundamentalmente por las condiciones en que se desarrolla la actividad agraria: productos perecederos, relaciones desiguales de poder entre quien vende y quien compra, retraso en la publicación de los precios medios de coste e insuficiencia de los mecanismos de control.

Agricultura reforzó el apoyo a los seguros agrarios pasando de los 211 a los 250 millones, lo que no supuso ya bajar la subida de los precios registrada en los años precedentes por falta de fondos y más contratos. En la misma línea aumentaron las disponibilidades para renovar el parque de maquinaria agrícola hasta los 9,5 millones de euros, de los que tres son para bonificar intereses, fondos insuficientes para un plan donde una de las novedades era más apoyo a la maquinaria de precisión

Los planes para la ordenación de las producciones, especialmente las ganaderas, eran unas de las iniciativas más interesantes que se planteaban hace tres años. Se ha avanzado en esa dirección, pero los resultados se han quedado incompletos, especialmente en vacuno. La leche se mantiene en sus problemas de rentabilidad y abandonos mientras la gran distribución sigue marcando los precios en origen.

Con la crisis provocada por los excedentes, Agricultura limitaba los rendimientos de uva por hectárea a los 18.000 kilos en tintos y a los 20.000 kilos en el caso de los blancos y se vio obligada a destinar 90 millones de euros para eliminar oferta vía destilación, almacenamiento y vendimia en verde, medidas que fueron insuficientes.

En el aceite, Agricultura anunció una hoja de ruta en la que se planeaba desde los almacenamientos a la limitación de los rendimientos de aceituna por hectárea y de los rendimientos en almazara. La caída de producción esta campaña dio un impulso a los precios sin adoptar ninguna medida extraordinaria, lo que no explica la euforia del ministro por el nuevo rumbo del mercado del aceite o que se felicite por el aumento de las ventas a Estados Unidos a pesar de los aranceles, cuando el grueso de lo exportado ha sido aceite de Grecia, Portugal o de países del norte de África.

La evolución de la renta en este periodo ha tenido altibajos, desde la caída del 8,6% en 2019 al incremento del 4,3% en 2020. En líneas generales no son datos a tener en cuenta en exceso, ni para ensalzar ni para criticar la política de un ministro, en cuanto que en gran parte viene determinada por el comportamiento de la climatología, sin olvidar los mercados. Lo destacable en este aspecto es la falta de respuesta del Ministerio para haber puesto en marcha un mecanismo para conocer la evolución de los costes de los medios de producción.

Un dato positivo ha sido la línea mantenida por las exportaciones, entre las que el porcino crece como motor, aunque no se puede olvidar que en ello juega un papel muy importante la situación de una China todavía afectada por los efectos de la epidemia de peste porcina surgida en 2019.

La pandemia no tuvo en líneas generales un efecto negativo sobre la actividad agraria. La peor parte se la llevaron sectores como el vino y las carnes. Lo más negativo ha venido después, al recibir directamente Agricultura solo poco más de 1.000 millones de los fondos de recuperación; o que para el desarrollo y mejora de energías alternativas en el campo el sector disponga de solo 30 millones mientras los grandes grupos se llevan miles de millones para sus planes de energía verde. En positivo, los 563 millones que van a destinarse a modernizar los regadíos.

Lo vegano sigue ganando posiciones contra los productos históricos y destaca la ofensiva contra la carne de verdad, ante lo cual se echa en falta una mayor respuesta oficial contra su comercialización utilizando ese término.

No se ha dado ningún paso para clarificar la representatividad agraria, no solo vía elecciones, algo que tampoco impulsan las tres organizaciones agrarias, sino por medio de otros mecanismos. Se han mantenido los apoyos para impulsar la integración cooperativa con los mismos bajos resultados y se ha impulsado la política de los ‘Erasmus’, mediante los cuales un joven agricultor vive una temporada en otra explotación modélica.

A Luis Planas se le ha acusado desde el sector de no dar en muchos casos la cara ante el Gobierno, de ponerse de lado ante cuestiones que importan a los agricultores y ganaderos como decisiones de Transición (caso del lobo), la exigencia del Parlamento al Gobierno del aplicar el doble contrato de las eléctricas en los riegos y finalmente por el contenido de la Estrategia 2050 de Moncloa instando a reducir el consumo de carne.