Puede ser la solución al problema. Si no, al menos, es una propuesta con una base muy sólida y fundamentada. El lobby de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), en el que se encuentra la Confederación de Empresarios de Cuenca, ha puesto sobre la mesa el informe ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’. En él propone implantar medidas de reducción fiscal para combatir la diáspora de habitantes, teniendo claro que el coste que tendría para el Estado sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría en estos territorios.

La Red SSPA defiende que el proceso de despoblación se puede revertir con medidas eficaces, entre las que considera fundamental un tratamiento fiscal diferenciado, tanto para las empresas que operan en el territorio como para las personas que vivan en él y, que a su vez sirva para conseguir un modelo de desarrollo que facilite la atracción de inversión, de trabajadores y profesionales a estos territorios, que por sus características lo tienen más complicado. Medidas fiscales que afectarían a todas las figuras tributarias centrales del ordenamiento fiscal.

La propuesta fiscal para la repoblación de un territorio se denomina en el informe como la ‘Ultraperiferia Demográfica Española’, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la despoblación y fomenten la repoblación. Así, el informe destaca que existen antecedentes en España y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el régimen económico y fiscal de Canarias. Estas excepciones, reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las que ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para la España despoblada que se defiende en este informe.

«Es un momento clave para el medio rural y las zonas despobladas de nuestro país, y este informe surge fruto de la preocupación por parte la sociedad civil como demuestra la cooperación entre empresarios y grupos de acción local, que hemos decidido unir fuerzas y trabajar en la misma dirección», apunta el presidente de la Comisión de lucha contra la despoblación en Cuenca, Ignacio Villar.

Bases de la propuesta. Teniendo en cuenta que el tamaño del incentivo aplicable a estos territorios es relevante para su eficacia, la propuesta que se presenta debe ser lo suficientemente ambiciosa como para inducir a los sujetos pasivos –particulares y empresas– a permanecer en el territorio o a radicar de nuevo en su domicilio en los núcleos rurales más desfavorecidos. De otro modo, los individuos no encontrarían ninguna motivación, en términos de ahorro fiscal, para trasladar su domicilio a los municipios que en la actualidad se encuentran más desfavorecidos, en materia de prestación de servicios públicos.

En este sentido, y a escala autonómica, el informe de la Red SSPA propone reducciones en los tipos de gravamen aplicables a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Esto es el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) y el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por otro lado, la eliminación del límite de edad y renta para que todos los individuos puedan acogerse a las deducciones que en la actualidad han regulado las distintas comunidades autónomas en el tramo autonómico. Asimismo, aboga por la creación de nuevas deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF tanto para contribuyentes (autónomos) que ejerzan una actividad económica en estos municipios como para individuos que decidan fijar su residencia habitual en los mismos, sin discriminar por el volumen de renta que declaren o por la edad que tenga el sujeto pasivo.

A escala estatal, el informe de fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados propone la deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre las rentas obtenidas en estos territorios; la bonificación en la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio para residentes sobre la parte de patrimonio neto radicado en el municipio; bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para residentes; bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los causantes con motivo de adquisiciones mortis causa o intervivos cuando el causante hubiera tenido su residencia habitual a la fecha en un municipio elegible; y la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sociedades sobre los beneficios obtenidos por empresas con domicilio fiscal radicado en municipios elegibles.

Otras iniciativas fiscales. El ámbito tributario, en sentido amplio, incluye también las actividades de gasto público y reasignación de recursos fiscales procedentes de la imposición general, no solamente las operaciones relativas a los tipos, bases y cuotas de las distintas figuras impositivas.

En este sentido, siempre cabría asignar, por la vía del gasto en infraestructuras o dotaciones presupuestarias para la prestación de servicios públicos en la ultraperiferia demográfica española, relevantes importes capaces de inclinar el fiel de la balanza de la despoblación. Pero, en realidad, esto es lo que ha venido haciéndose desde hace décadas en España con el resultado conocido. Uno de los principales problemas que tiene el gasto directo es que, a menudo, desconoce la realidad de las zonas en las que se aplica o, por otra parte, solo contribuye a crear las condiciones necesarias, pero no suficientes, para la recuperación socioeconómica. Prueba de ello son las innumerables infraestructuras de las que se ha dotado al territorio español que, al cabo de un tiempo, yacen ociosas en el territorio.

Dos ideas basadas en la reasignación de recursos procedentes de la imposición general mediante procedimientos participativos son, por un lado, la cuenta fiscal vecinal, y por otro, ‘la casilla’ de la ultraperiferia demográfica en la declaración del IRPF. La primera idea se basa en propuestas de grupos locales en pequeños municipios para que, además de las inversiones y gastos públicos ya en curso, se realicen inversiones adicionales. La segunda está pensada a imagen y semejanza de la casilla para la asignación a la Iglesia Católica en la declaración.