6.000 milllones para la región

c.s.rubio / toledo
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Sánchez tiene ante sí el reto de reformar el modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace un década. Castilla-La Mancha recibe algo más de 4.600 millones al año. Desde la Junta se piden mil más

6.000 milllones para la región - Foto: JUAN LAZARO

El apoyo del  BNG y el PNV y la abstención de ERC no solo han facilitado que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, también han vuelto a poner en la agenda nacional el debate sobre la financiación autonómica, cuya reforma lleva ya casi una década pendiente, y las inversiones  aplazadas durante la crisis por el Estado. Y es que, aunque aún no se han puesto cifras concretas sobre el papel, la negociación con los nacionalistas vascos, gallegos y especialmente catalanes, ha disparado las alarmas en regiones como Castilla-La Mancha. Sin entrar en valoraciones políticas, el coste económico de estos pactos podría afectar a obras prometidas desde hace tiempo aquí, como la electrificación de la línea de ferrocarril convencional o el desbloqueo de proyectos como el de la A-40, tanto en su tramo Toledo-Ocaña como el de Cuenca-Teruel, o la conexión por autovía de Toledo y Ciudad Real, entre otros muchos.
La reforma del modelo de financiación autonómica nunca ha dejado de estar sobre la mesa en Castilla-La Mancha, una de las comunidades más interesadas en cambiar los criterios de reparto. Los cálculos de la región son claros: se necesitarían unos mil millones más al año para poder cubrir con garantías los servicios básicos de la tercera región más grande en extensión de España y, también, de las más afectadas por el fenómeno de la despoblación.
Millones a los que habría que sumar la ‘deuda histórica’ en materia de infraestructuras (nuevas autovías y mejora de las líneas de ferrocarril básicamente) que aún padece esta comunidad, y otras más recientes, como los cerca de 400 millones que Moncloa acumula desde 2012  a cuenta de la atención a la dependencia.
Para el primer caso, el Gobierno regional se estaría planteando desde hace tiempo recuperar el concepto de ‘deuda histórica’ en la anunciada reforma del Estatuto de Autonomía, ya incluido  en la fallida revisión de Barreda en 2007.
En concreto, la propuesta que salió de las Cortes de Castilla-La Mancha en aquel año exigía al Estado financiación suficiente para «tener buenos servicios e infraestructuras, que es lo que le preocupa al ciudadano». Se llegó a  plantear incluso una regla fija para marcar el importe de las inversiones anuales del Estado en Castilla-La Mancha, que se basaba en lo que representa la región en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional, así como su población y su territorio, más una aportación equivalente al 1% del PIB regional hasta que la renta de Castilla-La Mancha se igualara con la de la media de España.
En el segundo de los casos, el sistema de dependencia, la Junta ha llevado su queja por los impagos del Estado hasta el Senado sin que, de momento, ni los Gobiernos de Rajoy ni  de Pedro Sánchez hayan respondido a esta demanda, que se sitúa ya en el entorno de los 400 millones.
Un dinero que procede del hecho de que desde 2012 el Estado dejó de aportar el 40% del coste de la dependencia, como le corresponde por ley, para pagar tan solo un 18%. Una diferencia que lleva desde entonces asumiendo la comunidad.
Y volviendo a la cuestión de la financiación autonómica, al cierre de 2018, último ejercicio completo del que hay datos oficiales disponibles, Castilla-La Mancha había recibido del Estado 4.627 millones de euros. Una cifra sensiblemente inferior a lo deseable, en torno a un 5% del total, y donde criterios poblacionales como la dispersión o el envejecimiento, no cuentan todo lo que debieran a la hora de repartir esta ‘tarta’ financiera.
En 2018 la Junta de Comunidades ya presentó al entonces Gobierno de Rajoy un documento donde ponía negro sobre blanco lo que le estaba costando a la región el actual modelo de financiación: 8.000 millones perdidos entre 2009 y 2015, que hoy sobrepasarían los 10.000. Su propuesta era aumentar la ‘dosis’ regional entre 800 y 1.200 millones más al año.     
¿Por qué  esta cantidad? Porque, como insiste la Junta, la prestación de los servicios públicos tiene un coste añadido en regiones como Castilla-La Mancha a cuenta de la despoblación y del envejecimiento de su población. Variables que no se atienden suficientemente en el actual modelo. Ejemplos hay muchos, como el de la diferencia de costes por alumno entre un colegio público ubicado en una ciudad como Guadalajara (2.691 euros por año) y el del colegio rural en la misma provincia (6.185 euros), casi el triple.
Además de los mil millones más ya citados, la región apuesta por que el reparto del dinero se haga «al cien por cien» en función de la variable poblacional, que en el actual sistema solo afecta al 75% de los fondos. Y pide incluir dos conceptos complementarios: la amornización fiscal para evitar la competencia «desleal» de comunidades como Madrid, mejor financiada que Castilla-La Mancha, y la «lealtad institucional» en materia también de impuestos. El objetivo en este caso es que no se vuelvan a repetir escenarios como el de 2012, cuando el Gobierno central elevó el IVA y esta subida no se trasladó a la parte de la tasa que se llevan las regiones, que sí tuvieron que pagar de su bolsillo la subida de, por ejemplo, los costes de los suministros médicos.
Entre unas cosas y otras, la región aspira a recibir al año al menos 6.000 millones de euros del Estado, unos 1.500 más que lo que se recibe ahora. La cuestión es ver si el actual puzzle político español es capaz de sentar a diferentes regiones  y partidos a renegociar sus cuentas. Se verá.