Hoy entra en vigor un protocolo puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para prevenir y erradicar el acoso sexual o por razón de sexo que será de aplicación a todo el personal de Administración General de la Junta y de sus organismos autónomos, ha anunciado en Ciudad Real la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien ha añadido que establece mecanismos de denuncia, atención a la víctima, instrucción garantista del expediente e incluso de derivación a las instancias judiciales oportunas. El protocolo se rige por el principio de tolerancia cero contra la violencia, falta de respeto y dicriminación. Los objetivos son la prevención, la identificación y comunicación de estas situaciones, así como la tramitación del expediente disciplinario con sanciones para la persona acosadora y medidas de protección para la persona que haya podido ser acosada. 

También se podrán implementar protocolos propios para el personal docente o estatuario que den respuesta a sus necesidades específicas. Del mismo modo, se establecerán mecanismos de coordinación para extenderlo al personal externo que realice su trabajo en instalaciones de la Administración regional.

Fernández ha destacado que hoy por primera vez en la historia de Castilla-La Mancha se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha un protocolo de prevención y erradicación del acoso sexual o por razón de sexo para todas las empleadas y empleados públicos de la Junta de Comunidades. 

Se trata de un documento "muy trabajado" fruto del compromiso de legislatura del presidente de Emiliano García-Page. La consejera de Igualdad también ha reconocido la colaboración de todos los sindicatos para que este protocolo saliera adelante tras subrayar que ha obtenido la unánimidad de la mesa general de negociación.

El documento define las conductas que pueden ser consideradas acoso sexual o por razón de sexo y establece medidas de prevención al tiempo que fija el procedimiento de actuación ante presuntas situaciones de este tipo que puedan suceder en el lugar de trabajo.

La también portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha explicado que se proveerán todos los medios para prevenir, evitar y, en su caso, detectar y eliminar cualquier situación de acoso sexual o por razón de sexo, así como sancionar cualquier conducta que lleve a tales situaciones garantizando, en todo caso, que la asistencia y protección de las víctimas se realice siguiendo los principios de respeto a la dignidad personal, profesionalidad, objetividad e imparcialidad. Para Blanca Fernández, este protocolo es "un instrumento muy válido que puede servir de ejemplo para otras administraciones e incluso empresas".

Además de dar a conocer el protocolo a todas las personas que trabajen en la Administración regional, Fernández ha indicado que se van a llevar a cabo acciones informativas y de sensibilización y se impartirá formación específica a las personas que vayan a participar en el procedimiento que se abra ante presuntas situaciones de acoso sexual o por razón de sexo o que van a asistir a las presuntas víctimas en dicho procedimiento, entre otras actuaciones.

En el texto se regula de forma detallada el procedimiento que se ha de seguir ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. En este sentido, la consejera ha explicado que se van a crear comités asesores, tanto en el ámbito de Administración General, al que afecta la aplicación de este protocolo, como en el  educativo y sanitario, cuando se aprueben los propios de estos sectores.

En el protocolo se establecen las pautas de investigación a seguir por los miembros de estos comités, que en el ámbito de Administración General, contarán con dos personas empleadas públicas y un técnico o técnica designados por el Instituto de la Mujer, y otras dos personas designadas por las organizaciones sindicales. Los comités podrán contar con una persona experta en materia de igualdad y acoso sexual y por razón de sexo.

Llegado a este punto, ha indicado que el procedimiento de actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo constará de cuatro fases: iniciación, valoración inicial de la comunicación, investigación, finalización del procedimiento e información, seguimiento y control.

Concluida la fase de investigación, el comité asesor elaborará un informe-propuesta que, en el caso del personal funcionario y laboral del sector de Administración General, elevará para su conocimiento y valoración al titular de la secretaría general de la consejería u organismo autónomo afectado, que podrá, en base a dicho informe, poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de delito.