COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


El Pardo espera los restos de Franco

La Transición de la dictadura a la democracia fue un éxito por la voluntad de acuerdo de los líderes de entonces y porque dejaron pendiente la solución de algunos asuntos que en aquel momento no podían abordarse por distintas causas. Entre otras la pervivencia de un franquismo que se revolvió contra ella en sus primeros momentos, y que luego tuvo que ocuparse de poner en marcha un Estado democrático moderno. Quizás algunos de ellos pudieron abordarse con mayor presteza pero lo importante es que en la larga vida de los pueblos no queden heridas sin cerrar de forma adecuada.

Con la decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de avalar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su reinhumación en el cementerio de Migorrubio-El Pardo, donde yace su esposa, se da cumplimiento a una norma del Gobierno, validada por el Congreso con tan solo dos votos en contra, que permitirá acabar con una anomalía de esas que hacen a España diferent: la posibilidad de honrar en un lugar público perteneciente al Estado a un dictador, enterrado en sagrado y rodeado de las víctimas que él y su régimen causaron.

Los jueces han rechazado de plano todos los argumentos de la familia en contra de los deseos del Gobierno y de esa parte de la ciudadanía que considera que aún falta mucho para que se cumpla de forma efectiva con la ley de Memoria Histórica, que lejos de ser un intento de que los perdedores acaben ganando la Guerra Civil es una cuestión de humanidad, de respeto y de reconciliación con aquellos que aún tienen familiares enterrados en fosas comunes.

La exhumación de los restos de Franco fue uno de los proyectos que anunció el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cuando llegó a La Moncloa en virtud de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces los pasos que ha dado para cumplir con su promesa han estado vigilados por la acción de la justicia y el sistema de recursos que la familia ha utilizado en defensa de sus legítimos intereses. Todavía tienen posibilidades para hacer prevalecer sus supuestos derechos, aunque la sentencia del Supremo puede ser ejecutada de inmediato para que sus restos vayan a El Pardo y en ninguna circunstancia a la catedral de La Almudena.   

Pero del mismo modo que la justicia es garantista puede ser también obstructiva. Un juez de primera instancia de lo contencioso de Madrid puede entorpecer durante un tiempo la inevitabilidad de la exhumación, con el peregrino motivo de los riesgos para los operarios que han de levantar la  losa de dos mil kilos que sella la tumba de Franco.

En esta ocasión la casualidad ha querido que el tiempo judicial y político coincidan, que el Supremo haya comunicado la resolución de la sentencia el mismo día en que se publicaba en el BOE la disolución de las Cortes de la XIII legislatura. Terreno abonado para acusar al Gobierno de usar en su favor una circunstancia que tenía que haberse resuelto con mucha anterioridad, y que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha dicho que quiere alejar lo más posible de la campaña electoral. Con suerte, será la última ocasión en que Franco participe en ella de una u otra forma. Algo que, además, evitará contradicciones a quienes todavía les cuesta condenar el franquismo.