El retorno del síndico de cuentas

C.S.Rubio
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La Junta abre una consulta previa para crear «un órgano de control externo» de las cuentas del sector público regional. En 2014 Cospedal liquidó la entonces Sindicatura de Cuentas, dentro de su plan de ajustes

El retorno del síndico de cuentas - Foto: VÁ­ctor Ballesteros

La Consejería de Hacienda acaba de sacar a consulta pública previa su idea de crear un órgano de control externo de la «actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha». Básicamente, lo que fue la Sindicatura de Cuentas hasta su supresión en 2014 dentro del plan de ajuste llevado a cabo por la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que también se llevó por delante al Defensor del Pueblo y al Consejo Económico y Social.
No es la primera vez que la Junta habla de rescatar la figura del síndico de cuentas. Desde que el PSOE recuperara la Junta de Comunidades allá por 2015, este asunto ha estado sobre su mesa de asuntos pendientes. Es más, fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo entre PSOE y Podemos firmado aquel verano. Y más recientemente, en concreto el pasado septiembre, el consejero de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Molina, retomaba el tema en sede parlamentaria.
A priori, parece que la Junta tiene previsto formalizar la creación de este órgano de control -aún no le ha dado nombre- vía iniciativa legislativa. Modalidad que permite una tramitación parlamentaria más rápida. 
Además, no debe descartarse la posibilidad de que esta reedición de la Sindicatura de Cuentas se incluya también dentro la reforma del Estatuto de Autonomía que el Gobierno regional quiere impulsar en esta legislatura y cuyas primeras reuniones con los grupos parlamentarios comenzarán esta misma semana. 
Ya la pasada legislatura fue uno de los puntos de los que se habló dentro de los encuentros mantenidos entre la Junta y los diferentes partidos para reformar el Estatuto, junto con la recuperación del ya citado Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.  No obstante, la ruptura del pacto entre Podemos y PSOE en 2017 y la posterior inestabilidad política en el Congreso de los Diputados, que es quien debe dar el visto bueno definitivo a cualquier cambio estatutario, hicieron naufragar este amago de reforma.
Una inclusión en el Estatuto que, entre otras cosas, blindaría esta Sindicatura. El ejemplo es el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que también estaba en la lista ‘popular’ de organismos a extinguir, pero que se salvó gracias a que es un este estatutario y, por ende, su supresión requiere una reforma de la ‘carta magna’ regional, con todo lo que ello supone.
Desde 2014 es el Tribunal de Cuentas de España quien audita las cuentas del sector público de Castilla-La Mancha. Una decisión que en su día fue muy criticada por la oposición socialista y por buen parte de los sindicatos, alegando que este traslado a Madrid prolongaría sine die el control de la cuentas públicas de la comunidad. 
Lo que quiere ahora la Junta es “dotar a la comunidad autónoma de un órgano propio de control externo dependiente de las Cortes regionales y con plena autonomía funcional”, “que ejerza las funciones de fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha, desde el conocimiento que proporciona la cercanía”, según se señala en este primer borrador presentado.
En cuanto al coste económico de esta medida, no debería ser significativo. La Sindicatura de Cuentas suponía un gasto anual de 1,6 millones de euros, de los el 94% correspondían a salarios. Salarios que, por otra parte, la Junta ha seguido pagando tras su extinción, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores eran funcionarios públicos, que fueron reubicados en otros departamentos del Ejecutivo regional. Sin ir más lejos, el ex Síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, fue asignado a una plaza de técnico superior en la Consejería de Educación, Grupo A, nivel 22, según confirmó en su día CCOO.
El principal interrogante sobre el retorno de la Sindicatura de Cuentas no está tanto en si saldrá o no adelante (el PSOE tiene mayoría más que suficiente en las Cortes), sino en sí tendrá el apoyo del  PP, partido que lo suprimió hace ahora seis años, y de Ciudadanos, también contrario a la proliferación de duplicados autonómicos de instituciones como el Tribunal de Cuentas. Se verá.