El Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta semana al polémico ‘decreto regulador de las profesiones turísticas y del inicio de actividad de las empresas de información turística en Castilla-La Mancha’. Un texto que ha costado sacar adelante -6 borradores y más de una veintena de reuniones con el sector- y que, a pesar de ello, sigue contando con el rechazo frontal de una parte del colectivo, localizado básicamente en Toledo capital y que se opone a la habilitación automática de aquellos profesionales que trabajan en la región con acreditaciones de otras comunidades.
La portavoz de la Junta, Blanca Fernández, insiste aquí en el argumento que lleva semanas defendiendo el Gobierno regional, y que no es otro que el de que este decreto viene a adaptar la regulación de estos profesionales a la nueva normativa nacional y europea. Y aquí Fernández lanza un claro mensaje a navegantes: «la ley dice que sólo se podrá limitar la prestación de servicios a una parte del territorio español cuando se den razones de seguridad, orden o salud pública, o para garantizar la protección del medio ambiente, supuestos todos ellos que no se ponen en peligro en este caso».
Este decreto «recoge unas condiciones suficientes para que la regulación de la profesión de guía turístico garantice la calidad del servicio en la búsqueda de los estándares de excelencia que nos han llevado a batir por sexto año consecutivo la demanda turística hotelera en 2019, alcanzando el segundo mayor número de la historia en cuanto a pernoctaciones», según insiste.
En definitiva, «el Gobierno ha tomado la decisión de intentar atender al interés general de un sector que es estratégico para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha, que ha demostrado generar cohesión territorial, fijar población en el medio rural y contribuir a generar empleo. Por tanto, aborda los grandes retos y propone soluciones para la dinamización del sector y para la unidad de mercado», sentencia.
Entre las novedades, Fernández también avanza que los exámenes para la habilitación como guía de Castilla-La Mancha -que no se convocan desde 2008- se celebrarán en un plazo de no más de seis meses. Asimismo, confirma la implantación de una habilitación extraordinaria para aquellos profesionales que cuentan con una acreditación profesional de otras región pero que llevan al menos dos años consecutivos trabajando en Castilla-La Mancha (o tres años durante los últimos diez, para aquellos que no puedan justificar trabajo continuando en este sector).
Actualmente ejercen en la región 720 guías, de ellos, 439 son guías oficiales de Castilla-La Mancha, solo 88 han sido habilitados por la Junta mediante el correspondiente examen, 275 han sido habilitados por otras comunidades autónomas y los 6 restantes por algún Estado miembro de la Unión Europea. «Si no abriésemos ese período excepcional para habilitaciones, serían 281 personas las que se irían al paro, al menos temporalmente hasta que se pudieran examinar. Si ya el mercado turístico ha decidido que estas personas reúnen condiciones de calidad y se están ganando la vida dignamente desde hace años, el Gobierno de Castilla-La Mancha no les puede poner en una situación difícil», según Fernández.
Desde la Junta se insiste en que este decreto no es un acción aislada aislado, «sino que forma parte del esfuerzo que está haciendo el Gobierno para adecuar la normativa del sector turístico a las nuevas necesidades y retos que tiene el sector y también a la legislación básica estatal». «Por ejemplo, ya hemos revisado los requisitos para los campings, los alojamientos de turismo rural, los apartamentos turísticos, los albergues y la Red de Hospederías, y en este momento, la Consejería de Economía está trabajando en decretos para regular las actividades de agencias de viajes y centrales de reservas, empresas de turismo activo y de ecoturismo, de los establecimientos hoteleros, restaurantes, bares y cafeterías».