España vota por segunda vez en un año su Gobierno; el Reino Unido adelanta las elecciones de 2022 a diciembre para ver si consigue resolver su retirada de la Unión Europea; Italia vive con la espada de Damocles permanente ante la inestabilidad de su Gabinete; Alemania siente el temor de que el auge de la ultraderecha y la falta de consenso entre los socios del Ejecutivo de gran coalición obligue a un anticipo de los comicios... Son varios los Estados de la UE donde la inestabilidad política es protagonista. Pero es que es el propio bloque comunitario el que mejor representa esta crisis: el retraso en la aprobación de la nueva Comisión (CE), que tendría que haber entrado en vigor el pasado 1 de noviembre, ha obligado a que el organismo presidido por Jean-Claude Juncker esté en funciones hasta, mínimo, el próximo 1 de diciembre. Una situación que deja al Ejecutivo comunitario con las manos atadas, ya que en este tiempo -con el Brexit acechando a la vuelta de la esquina- solo podrá proponer nuevas leyes en caso de emergencia.
No es la primera vez que se produce un retraso de este tipo. Sin embargo, los tratados europeos no recogen las responsabilidades de una Comisión en funciones debido a un aplazamiento en la aprobación del Gabinete entrante, por lo que, a día de hoy, su funcionamiento es prácticamente nulo.
¿Qué puede hacer?
La Comisión Juncker podrá continuar su trabajo sobre asuntos ya abiertos que no requieran «iniciativa política o decisiones políticamente sensibles», así como en temas urgentes o en procedimientos que haya que tratar inmediatamente, como los informes del Semestre Europeo (el proceso de coordinación económica de los Estados miembros).
También podrán seguir trabajando en la administración del día a día de la CE y representando al Ejecutivo comunitario fuera de Bruselas y ante el resto de instituciones comunitarias.
En 2003, la Justicia europea validó una decisión sobre ayudas estatales que había tomado un Ejecutivo europeo en funciones, por lo que la jurisprudencia también extiende el margen de actuación de la Comisión en funciones a los casos de Competencia.
¿Qué no puede hacer?
El objetivo de tener una Comisión «en funciones» es garantizar la continuidad institucional y del servicio público.
Por tanto, Juncker y su equipo no podrán proponer nuevas legislaciones ni tomar decisiones que se consideren políticamente sensibles o que se «anticipen» a las prioridades del nuevo Ejecutivo de Ursula Von der Leyen, que tiene su propio programa de Gobierno.
Esta limitación se flexibilizaría en caso de una emergencia.
¿Hay precedentes?
Sí. La segunda legislatura de José Manuel Durao Barroso (2010-2014), por ejemplo, comenzó con más de tres meses de retraso por la demora en la ratificación del Tratado de Lisboa, bajo cuyas normas se debía conformar la nueva Comisión. Durante ese tiempo, el equipo anterior trabajó en funciones.
¿Qué la ha provocado?
Tres de los comisarios seleccionados inicialmente por Von der Leyen -Francia, Hungría y Rumanía- no superaron el escrutinio del Parlamento Europeo por distintos motivos.
Por ello, el equipo al completo no pudo someterse al voto final de la Eurocámara en el último pleno de octubre y tendrá que esperar a la sesión de este mes para ser ratificado, por lo que, como pronto, comenzará a funcionar el 1 de diciembre.
¿Cuándo será el cambio?
Francia y Hungría han propuesto ya a nuevos candidatos que han recibido el aval de Von der Leyen y se someterán a sus audiencias ante Estrasburgo en las próximas semanas. El Gobierno de Bucarest, sin embargo, cayó por una moción de censura y no ha presentado un relevo. A esto se suma que el Reino Unido, que tendría que haber abandonado la UE el 31 de octubre, está ahora obligado a nominar a un aspirante.
El futuro de la próxima Comisión Europea está ahora, según una portavoz comunitaria, «en manos» de Rumanía y el Reino Unido.
Si el equipo al completo no puede someterse al voto definitivo y vinculante de la Eurocámara en el pleno del 25 al 28 de noviembre, en menos de cuatro semanas, el nuevo Ejecutivo, que tendría que haber empezado ya a trabajar, volverá a retrasarse más allá del 1 de diciembre y se aplazará a 2020.