El Consejo de Gobierno aprueba la Ley del Tercer Sector

S.L.H
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La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, avanzó además que ya se está trabajando en un decreto para regular los conciertos con las entidades sociales. "Queremos que haya continuidad, seguridad y que sea una realidad a partir de 2020".

La consejera de Bienestar Social informó de la aprobación del proyecto de ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.

Sánchez, en rueda de prensa para dar cuentas de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno que afectan a su área, celebró la aprobación de la Ley del Tercer Sector, que ahora llegará a las Cortes regionales para su tramitación. La consejera confía en que sea aprobada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios con representación en el Parlamento, PSOE, PP y Ciudadanos. 

"Es una ley sencilla y concreta" que establecerá el marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran el Tercer Sector en la región. 

La norma incluye cuatro novedades: la creación de un inventario de entidades que permitirá "mejorar" la relación con la Administración; los principios rectores de la acción de las entidades y sus obligaciones; la creación de una Comisión para el Diálogo Civil, integrada por la Administración y la Mesa del Tercer Sector; el compromiso a elaborar una Estrategia regional del Tercer Sector; y la puesta en marcha de conciertos sociales como "una fórmula avanzada de concertación para la prestación de servicios sociales". 

Al respecto y a preguntas de los medios de comunicación, Sánchez explicó que este asunto se desarrollará finalmente mediante la aprobación de un decreto, aunque tendrá reflejo en esta ley, al igual que en la de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. "Vamos a comenzar a trabajar en un decreto de concertación, aunque todavía no tiene título, pero ya estamos iniciando los trámites para trabajar en ello". Muchos de los servicios que prestan estas entidades "tienen continuidad en el tiempo", detalló la consejera y, sin embargo, las convocatorias de pago son anuales. Por tanto, "queremos que tengan una continuidad, una seguridad y que sea una realidad a partir de 2020".