Las víctimas de violencia de género tardan una media de ocho años y ocho meses en denunciar a su agresor o en pedir ayuda desde que comienzan a sufrir malos tratos y aunque los motivos de este retraso son muchos, el principal es el miedo a las represalias.

Según el Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la violencia que más tarda en denunciarse es la física: las mujeres necesitan una media de 14 años en pedir ayuda, mientras que en la psicológica esa cifra es de siete años y nueve meses.

La Delegación del Gobierno ha hecho un estudio sobre los motivos que ralentizan la decisión de las víctimas de violencia de género de denunciar este maltrato o bien en solicitar apoyo a un servicio especializado, a partir de 1.220 encuestas.

La mitad de las encuestadas alegó que el miedo al agresor era el principal motivo por el que tardaron, mientras que un 45 por ciento pensaba que podía resolverlo sola, un 36 por ciento no se reconocía como víctima, un 36 por ciento se sentía culpable y responsable y al 29 por ciento le daba pena el agresor.

La falta de recursos económicos (28 por ciento), la vergüenza a contar lo sucedido (28 por ciento), pensar que no podría salir adelante con sus cargas familiares (23 por ciento), desconocer adónde dirigirse y cómo pedir ayuda (21 por ciento), miedo y desconocimiento al proceso judicial (19 por ciento), falta de apoyo familiar y social (18 por ciento), miedo a la reacción de la familia (16 por ciento), pensar que nadie podría ayudarla (15 por ciento) o que no la iban a creer (13 por ciento) y miedo a la reacción de los hijos (11 por ciento) fueron otros motivos expuestos.

Las dos razones fundamentales que las llevaron a denunciar o a pedir ayuda fueron el mal estado psicológico en el que se encontraban (54 por ciento) y las características concretas de la última agresión sufrida (41 por ciento).

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Casi una de cada tres mujeres lo hizo porque sus hijos empezaban a ser conscientes del maltrato, el 27 por ciento porque contó con el apoyo de una persona de su entorno, el 21 por ciento por la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el 9 por ciento por la intervención de los recursos sanitarios, el 6 por ciento porque sus hijos eran mayores y más autónomos, el 6 por ciento por campañas en los medios de comunicación y un 1 por ciento porque la situación económica de la unidad familiar mejoró.

El 89 por ciento de las encuestadas padeció violencia psicológica, el 68 por ciento, física, el 42 por ciento, económica y el 23 por ciento, sexual.

Casi la mitad empezó a sufrir la violencia siendo soltera, el 37 por ciento estaba casada, el 10 por ciento era pareja de hecho del agresor, el 1 por ciento se había separado, el 5 por ciento divorciado y otro 1 por ciento estaba en trámite de separación.

Según el estudio, el 98 por ciento mantenía la situación de pareja tanto cuando comenzó a sufrir la violencia como cuando denunció.

El 74 por ciento convivía con el agresor cuando empezó a padecer el maltrato, el 43 por ciento vivía entonces con sus hijos, el 21 por ciento sufrió violencia en la infancia y un 27 por ciento fue testigo de ella. Además, una de cada cinco víctimas ha sido maltratada por más de una pareja.

Los datos reflejan que las mujeres denuncian antes cuanto más jóvenes son -las menores de 35 años son las que reaccionan antes mientras que las mayores de 65 son las que más tardan-, y también cuanto menores son los hijos, antes dan el paso.

El peso de la hipoteca

Además, las casadas esperan más a tomar la decisión de denunciar y el hecho de tener una hipoteca también amplía este tiempo. Las mujeres con estudios universitarios también tardan menos de la media en hacerlo (siete años y un mes).

La media nacional a la hora de denunciar varía de forma significativa entre distintas comunidades autónomas.

Melilla (2 años y 6 meses), Murcia (4 años y 5 meses), Asturias (6 años y 3 meses) y Andalucía (7 años, 4 meses) son las comunidades con los tiempos más bajos.

Por contra, donde las víctimas tardan más en denunciar o pedir ayuda es La Rioja (12 años y 7 meses), Aragón (12 años y 6 meses), Canarias (11 años y 9 meses), País Vasco (11 años y 7 meses), Extremadura (11 años y 3 meses) y Madrid (10 años y 1 mes).