El Gobierno prevé que los nietos de Francisco Franco puedan organizar una ceremonia religiosa "breve e íntima" durante la inhumación de los restos de su abuelo en el panteón del cementerio de Mingorrubio-El Pardo donde reposan en la actualidad los restos de la mujer del dictador, Carmen Polo. 

Así quedó establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo pasado con el que el Gobierno finalizó el procedimiento de exhumación y fijó para el 10 de junio la fecha de la exhumación, paralizada cautelarmente por el Supremo, que este martes ha dado la razón al Ejecutivo y ha avalado la salida de los restos del general del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el camposanto de El Pardo. 

En ese acuerdo, el Ejecutivo se comprometía a respetar el derecho de los familiares a estar presentes en la exhumación, traslado e inhumación de los restos de su abuelo, si así lo desean, así como a que puedan organizar una misa en el momento de la inhumación. 

El mismo documento advertía de que no se permitirá en cambio "el acceso" de los medios de comunicación y de que "se adoptarán las medidas necesarias" con el fin de "evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido". 

El Gobierno, que debe decidir en un próximo Consejo de Ministros -no será este viernes- una nueva fecha para la exhumación, ya avanzó entonces que instaría la intervención de la Delegación del Gobierno en Madrid para garantizar tanto la seguridad de los restos mortales de Franco como del orden público durante la operación. 

En las actuaciones de exhumación, traslado e inhumación estará presente la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como Notaria Mayor del Reino. 

Lo que no se producirá en ningún caso en la inhumación es que se rindan honores militares a Franco por su condición de exjefe de Estado, según avanzan fuentes del Ejecutivo. 

Descartada la paralización

El Gobierno está firmemente convencido de que nada ni nadie podrá paralizar ya la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, una vez que el Tribunal Supremo ha avalado "en sentencia firme y directamente ejecutable" el procedimiento iniciado hace más de un año por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para trasladar sus restos al cementerio de El Pardo. 

Así lo asegura un alto cargo del Ejecutivo directamente implicado en el procedimiento, que descarta que la suspensión cautelar decidida en febrero pasado por el juez de lo Contencioso Administrativo de Madrid José Yusty sobre el informe del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizó el proyecto de las obras de exhumación pueda obstaculizar los trabajos. 

El Ejecutivo alega que este magistrado no tiene competencia para suspender una decisión del Consejo de Ministros, menos aún cuando ésta tiene el aval del Supremo, el órgano competente para paralizar los actos administrativos del Gobierno.