El mercado laboral rebota con fuerza tras la paralización de la economía por causa del coronavirus. España superó en septiembre los 20 millones de ocupados, una cifra que remite a finales de 2008, cuando los efectos de la gran recesión aún no se habían manifestado con toda su crudeza. 

La estructura productiva de nuestro país convierte al verano en la estación más favorable para el empleo, apoyada principalmente en la activación del sector turístico, que este año ha podido desarrollar su campaña estival casi sin restricciones. Esta recuperación explica la intensidad con que el sector servicios ha recuperado fuelle (337.000 ocupados más), que es mucho más matizada en la industria (63.0000), mientras que retrocede en la agricultura y construcción.

Como se ha apresurado a valorar el Gobierno, son cifras que confirman una rápida mejoría del empleo tras la pandemia, pero hay que recordar que responden a una coyuntura que se ha modificado sustancialmente en las últimas semanas, cuando se ha abierto un nuevo escenario con incertidumbres evidentes tanto en la fortaleza de la demanda, como en la formación de los costes de particulares y empresas y en las reglas del juego.

En cuanto a la demanda, todos los estudios advierten de una atenuación del consumo interno que pone en cuestión la previsión de ingresos realizada por el Gobierno. En esta coyuntura, cualquier expansión de la política fiscal sólo serviría para ahondar en otra de las principales amenazas que enfrenta la economía española como es la subida de los precios derivada de la escasez de materias primas y del encarecimiento de la energía. Ambos factores tensionan el sistema productivo en dos direcciones: con la paralización algunos centros productivos y con un incremento la inflación -5,5 por ciento en octubre- que en poco tiempo llegará a los bienes de primera necesidad. De mantenerse esta tendencia, los bancos centrales no tardarán en tomar medidas encareciendo el precio del dinero y con él la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas y de consumo de las familias. Asimismo, las posturas maximalistas de una parte del Gobierno en torno a la reforma de las condiciones del mercado de trabajo sólo introducen más incertidumbres en la economía. 

Este contexto supone una amenaza cierta para los esfuerzos de recuperación económica y social. La única herramienta eficaz para enfrentarlo es un proceso de reformas estructurales largamente aplazadas por mor de las sucesivas convocatorias electorales que transformen la economía española, aún lastrada por inercias del desarrollismo de los años 60 y 70 de siglo pasado. Este programa reformista debe abordar, sin complejos y con ambición, las garantías de suministro energético a precios razonables y la flexi-seguridad en el modelo de relaciones laborales que permita gestionar un entorno cada vez más cambiante y altamente competitivo.