Pedro Sánchez, cuando pedía apoyos para prorrogar el estado de alarma -más que pedir exigía, le sobra soberbia- declaraba que prórroga o caos. Ha habido prórroga, pero no por temor al caos: está plenamente instalado en la vida política, que vive en una tormenta continua que no ha apaciguado la prórroga sino que, por el contrario, la ha incrementado. 

Falta espacio si hay que recoger todos los problemas, tensiones, dificultades, rupturas y escisiones que se viven estos días. Todos los partidos -excepto el PNV- sufren convulsiones de distinto nivel, pero convulsiones. Provocadas por la gestión de la COVID-19, por la disconformidad de algunos dirigentes con las decisiones de sus líderes, o por la preocupación generalizada hacia el escenario futuro que se presenta, con una economía devastada, millones de nuevos desempleados y discrepancias respecto a las medidas que se deben tomar para paliar, o intentar paliar, esa devastación.

En el Gobierno, se ha contado hasta la saciedad porque trascienden todos los días nuevas escaramuzas, ha habido un respiro con la prórroga, que de impedirse, podría incluso haber supuesto el principio del fin de un Ejecutivo sin el respaldo suficiente para que el Parlamento aprobara sus iniciativas. Por otra parte, la incorporación de Carmen Calvo a su cargo de vicepresidenta primera llevará otra vez a primer plano sus discrepancias abiertas con el vicepresidente segundo. Estas semanas, con la andaluza de baja, Pablo Iglesias apareció como el promotor de las iniciativas sociales que favorecen a las clases más desprotegidas, pero que según los expertos en Economía son de imposible cumplimiento porque no hay fondos suficientes para aplicarlas. El morado se presentaba así como el miembro del Gobierno más cercano a los españoles más débiles, lo que en su momento utilizará electoralmente. 

Con Calvo convertida de nuevo en la persona de máxima confianza del presidente, y con abiertas discrepancias con Iglesias, será interesante seguir cómo se gestiona desde La Moncloa la desescalada.

Sánchez, cuentan sus colaboradores, está muy satisfecho del apoyo que le ha dado Ciudadanos para la prórroga del estado de alarma y cree que es posible que ese apoyo se produzca también en los Presupuestos, aunque Arrimadas bien que insistió en el debate parlamentario que no habrá continuidad en el socorro al presidente. 

Revulsivo ‘naranja’

El apoyo a la prórroga ha causado un revulsivo en el bloque naranja, con la baja de Girauta y Mejías y un tuit de Rivera en el que se adivinaba su posición discrepante con su sucesora. También para Sánchez la posición de Arrimadas se ha convertido en un problema: el PNV le ha advertido que si continúa el acuerdo entre Ejecutivo y Cs, no cuente más con sus votos, y en el mismo sentido se ha expresado ERC. El partido independentista importa menos a Sánchez si la pérdida de sus votos los compensa con los de Cs, como ocurrió el pasado miércoles. Pero los del PNV son indispensables para mantenerse en el poder.

En el independentismo catalán, por otra parte, se agranda la brecha entre Esquerra y JxCat cada día que pasa. Puigdemont está perdido en combate, pero se agudizan las tensiones entre Quim Torra y su vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Son difíciles de cerrar, entre otras razones, aparte de las ya habituales entre sus dos partidos, porque al jefe del Ejecutivo autonómico le incomoda profundamente ser puenteado por La Moncloa, que mantiene diálogo habitual con su segundo en lugar de hacerlo con el president. Al Gabinete central sin embargo le interesa más ERC que Junts o la CUP, que hace tiempo que han marcado distancias con Pedro Sánchez y no le prestan ayuda cuando la necesita en el Parlamento.

El PP es el partido que ha salido más tocado tras el debate de la prórroga. Casado hizo un buen discurso, no lo discute nadie de su partido, pero ha sido prácticamente unánime el comentario en los medios de que ha sido un error la abstención, y ese tipo de comentarios hace mella en afiliados y votantes. Empiezan a surgir leales al palentino que ya comentan que el presidente debería hacer un esfuerzo para alejarse de las tesis que defienden los aznaristas. Aseguran que tiene voz e iniciativas propias, pero en política lo que parece es lo que se acaba asumiendo como cierto, y es opinión generalizada que el conservador se nutre del espíritu de FAES, y esa creencia se afianza cuando se analiza su equipo de colaboradores, con importantes miembros del aznarismo.

La crisis del coronavirus ha hecho un roto al centroderecha. Arrimadas y personas afines aseguran que no se cuestionan en ningún momento la supervivencia de los acuerdos que hicieron con Génova para hacerse con gobiernos autonómicos y municipales, pero se observan rivalidades que van a más en los últimos días. Por ejemplo en Madrid, donde Ignacio Aguado marca distancias con Isabel Ayuso, que el pasado jueves decidió pedir a Sánchez el paso a la siguiente fase de la desescalada, en contra del criterio del político naranja y de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que consideraban que no se daban las condiciones necesarias y se ponía en riesgo a la ciudadanía. 

Crisis en madrid

El empeño de Ayuso provocó la dimisión de Fuentes, y el Gobierno central puede agravar aún más la crisis entre la presidenta y el vicepresidente al sumarse a la posición de que Madrid no cumple los requisitos para pasar a la Fase 1, que da más libertad de movimientos a la población y permite abrir comercios, restaurantes, bares y terrazas.

En este panorama plagado de problemas políticos y personales que afectan a los partidos, se incrementan las diferencias entre PP y La Moncloa, y también Ciudadanos se suma a gran parte de las críticas.

Las principales, el escaso respeto del Gobierno a las reglas de la democracia y al respeto a las instituciones, con las que no se cuenta, aunque sea obligado, a la hora de tomar determinadas decisiones. Se abusa de las normas ministeriales por temor a que el Congreso eche atrás decretos, y se incumplen leyes a cara descubierta. Por ejemplo, el ministro Illa se ha negado a dar los nombres del equipo de expertos que le han asesorado para tomar decisiones respecto a cómo actuar contra la COVID-19 y el ministro Ábalos se ha opuesto también a citar las empresas a las que se ha comprado material sanitario, a lo que obliga la Ley de Transparencia. Es más grave todavía porque se han publicado toda clase de informaciones sobre los intermediarios de esas compras y sobre los empresarios, y en algunos casos se trataba de personas que con anterioridad habían incumplido las leyes e incluso habían sido condenados por los tribunales.

En esa sensación de que el Gobierno actúa al margen de leyes e instituciones, las declaraciones de Patxi López, presidente de la Comisión de Reconstrucción, no han ayudado a que se despejen las sospechas. Y es que el vasco dijo que en ningún caso ese organismo va a convertirse en una comisión de control al Ejecutivo. No tiene por qué serlo, pero es imposible trabajar sobre la reconstrucción sin corregir errores, y exlendakari puede verse tentado a cortar cualquier intervención en la que se pregunten los porqués de decisiones que se han demostrado equivocadas.