50 días en las calles

Rubén Figueroa (EFE)
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Ni el acuerdo para una nueva Constitución ni la subida de las pensiones logran parar unas protestas agitadas por la represión policial

Un manifestante, durante la última concentración en Santiago. - Foto: PABLO SANHUEZA

Las manifestaciones de Chile se repiten semana tras semana para recordarle al Ejecutivo que su agenda social no convence, que hacen falta cambios más profundos y que se debe hacer justicia hacia los damnificados por la acción policial durante las protestas, que cumplen ya 50 días.
Hace semanas que las movilizaciones contra las desigualdades del país producto de su economía neoliberal se concentran, algo que se volvió a repetir el pasado viernes, con miles de personas copando la céntrica Plaza Italia de Santiago, epicentro de las movilizaciones, donde manifestantes y Carabineros protagonizaron una vez más lanzamientos de piedras, bombas lacrimógenas y camiones de agua.
Ni el acuerdo político para abrir el camino hacia una nueva Constitución que permita las reformas que demanda la ciudadanía, ni la aprobación de un aumento de la ayuda estatal a las pensiones más bajas han logrado terminar con la agitación. Tampoco el drástico empeoramiento de la economía por culpa de la violencia está motivando el cese de las protestas.
Los chilenos desconfían de Piñera y consideran que solo siguiendo en las calles se lograrán cambios profundos. «Todavía no hemos logrado nada», lamenta Denisse Araya, de 31 años, quien explica que se endeudó con un banco para poder estudiar Química y que todavía le quedan 20 años para poder devolver el préstamo.
La agenda social del Gobierno se encuentra al 70 por ciento, según su propia estimación, y contempla desde el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado al aumento de las pensiones o la rebaja del 50 por ciento en la tarifa de transportes para todos los mayores de 65 años, entre otras cosas.
Su implementación, sin embargo, no es todo lo rápida que el Gobierno quisiera, que ya en varias ocasiones ha pedido al Congreso Nacional que aborde con urgencia varias de las medidas que ha enviado como proyectos de ley.
Una de las principales controversias en torno a Piñera es la represión policial. Las Fuerzas de seguridad están acusadas de cometer centenares de violaciones de derechos humanos, incluida la muerte de cinco de los al menos 23 fallecidos que deja hasta la fecha el estallido social, y los chilenos siguen saliendo a las calles para reclamar justicia por estos hechos.
Varios organismos internacionales se han pronunciado sobre estos presuntos abusos, el último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha expresado su «condena por el uso excesivo de la fuerza» y su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Más de 300 heridos

En esta línea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile informó ayer de que 352 personas sufren heridas oculares por la presunta acción de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas del país al disparar balines de goma con escopetas. En 21 de esos casos se produjo la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones. La cifra supone un incremento de 111 personas respecto a un anterior informe.