La ejecución mediante la lapidación o la mutilación de extremidades son castigos basados en la ley islámica o sharía que entraron ayer en vigor en el sultanato de Brunéi, entre campañas de boicot y la condena de la comunidad internacional. Una reforma del Código Penal que supone consumar el giro conservador de esta nación musulmana del sudeste asiático gobernada con puño de hierro por el sultán Hassanal Bolkiah, quien ejerce de máximo representante del islam en el país.

La nueva legislación incluye la lapidación hasta la muerte por delitos homosexuales y adulterio; la amputación de la mano o el pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras.

Las críticas no se hicieron esperar y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que la aplicación de estas leyes «supone un serio retroceso» en el antiguo protectorado británico.

«El nuevo Código Penal es brutal en su núcleo al imponer estos arcaicos métodos de castigo a actos que no deberían ser considerados crímenes», declaró, por su lado, Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.

Sin embargo, el sultán y también primer ministro de Brunéi defendió los cambios. «La sharía, además de criminalizar y disuadir actos que van contra las enseñanzas del Islam, busca educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todas las personas, sociedades y nacionalidades de toda fe y raza», aseveró. 

La nueva legislación se aplicará principalmente a los ciudadanos que profesen la fe musulmana, que representan el 70 por ciento de la población del sultanato (unas 300.000 personas), aunque en algunos casos también se utilizará con extranjeros o fieles de otras creencias.

Bolkiah, de 72 años y afamado por una vida opulenta y varios escándalos amorosos-, es el segundo monarca más longevo del mundo y figura como una de las personas más ricas del planeta. En el país no se celebran elecciones y se fundamenta en un sistema rentista en el que no hay impuestos y la Sanidad y la Educación son gratis. 

Brunéi fue el primer país en introducir la ley criminal islámica en 2014, cuando anunció el primero de los tres pasos de cambios legales que incluían multas y cárcel por ofensas como el embarazo fuera del matrimonio o no rezar los viernes.