La Consejería de Desarrollo Sostenible, de nueva creación en esta legislatura, contará con un presupuesto total para el año que viene de 150 millones de euros.Con este montante se buscará que «la sostenibilidad impregne de forma transversal cualquier acción del Ejecutivo autonómico».
Así lo comunicó el responsable de este departamento, José Luis Escudero, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuesto de las Cortes autonómicas, donde dio cuenta del dinero que dispondrá la Consejería para 2020 y el grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de este año.
Escudero explicó que de los 150 millones de euros totales, 120 millones se destinarán a la conservación del medio natural y la biodiversidad, incluyendo un aumento de cuatro millones de euros para la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), cuyo presupuesto será algo superior a los 26 millones.
Dicho esto, subrayó que el presupuesto de su departamento tiene dos objetivos «muy claros» como son la apuesta por «una gestión forestal sostenible» y el apoyo y refuerzo de todos los trabajos de prevención y extinción de incendios.
Escudero destacó otras partidas presupuestarias de su Consejería como una compuesta por cerca de 9 millones de euros para realizar un plan de desarrollo energético para incrementar la producción de energía renovable, un plan de autoconsumo en los edificios públicos de la Junta de Comunidades o el despliegue de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Asimismo, la Consejería de Desarrollo Sostenible destinará más de 7 millones de euros para la extensión de la banda ancha en la comunidad autónoma, centrado en ampliar la red de fibra óptica «a todos los rincones de la región» con el objetivo de que llegue «a todas las poblaciones de menos de 200 habitantes».
Por otro lado, se continuará apostando por el buen estado de los Espacios Naturales Protegidos, teniendo en cuenta que son «uno de los principales pilares del desarrollo rural y reclamos para fomentar un turismo de naturaleza, responsable y de calidad». Además de potenciar los 21 centros y puntos de información de los parques naturales.
El consejero ha asegurado que, otro de los objetivos del próximo año, será iniciar una senda de transición para pasar de la actual economía lineal a una economía circular en Castilla-La Mancha, vinculada al desarrollo sostenible y contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático. Se cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros en esta materia, dijo Escudero, que recordó que está en trámite la Ley de Economía Circular que nos convertirá en la primera región en contar con una normativa así.
También destacó el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha para conseguir reducir su generación y que éstos sean gestionados en un marco de calidad ambiental, con los máximos niveles de protección exigidos por la normativa vigente. Y dar cumplimiento a la Estrategia de Biorresiduos y las medidas de apoyo para la Estrategia de Reducción de Plásticos.
7,2 millones para la banda ancha ultrarrápida. «Disponer de una conexión de banda ancha ultrarrápida es un derecho de cualquier castellano-manchego», apuntó el consejero, porque como añadió, «contribuye al reto demográfico creando nuevas oportunidades de trabajo y fijando población». Por eso, explicó que esta área cuenta con un montante de 7,2 millones de euros para 2020.
La nueva Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, contará con un presupuesto de 3,4 millones con dos objetivos fundamentales. Por un lado, «posicionaremos la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el centro de las políticas de nuestra región»; y, por otro, en materia de consumo se trabajará para fortalecer la protección, formación y defensa de los consumidores, colaborando con las OMIC y asociaciones de consumidores para la participación en programas de consumo de la Consejería.
Cs pide más ‘mano dura’ y control con las empresas que viertan residuos
El portavoz de Ciudadanos en esta Comisión, Alejandro Ruiz, reclamó al Gobierno regional mayor control y sanciones a las empresas que no cumplan con las leyes en materia medioambiental y forestal. «Se tiene que prohibir que empresas que realizan vertidos y han sido advertidas puedan buscar amparo en cualquier programa de la Junta», dijo Ruiz, que explicó que al igual que «somos críticos con aquellas empresas que abusan de la temporalidad para acogerse a programas de fomento del empleo, le pido el mismo rigor para las empresas que gestionan ineficientemente sus residuos y han sido advertidos o sancionados».
De su lado, el ‘popular’ Benjamín Prieto solicitó al Gobierno que destine los recursos necesarios para adecuar el entorno medioambiental y dotar así de oportunidades al mundo rural. En este sentido, abogó por desarrollar el potencial forestal de la región, ya que si «se cuidan y se limpian los montes» se evitarán los incendios y «nuestra masa forestal gozará de una mayor salud».