LA MAREA

Antonio Pérez Henares

Escritor y periodista. Analista político


Paisaje después de la sentencia

El ruido y los efectos propagandísticos de la sentencia del Tribunal Europeo sobre la inmunidad parlamentaria de Junqueras, y de rebote, y como beneficiario principal, de Puigdemont, han creado una gran conmoción en todos los sectores afectados. En los separatistas, que creen haber ganado la II Guerra Mundial, en buena parte de la sociedad española que se siente invadida por un Euronapoleón, en el Gobierno, que teme que se le complique el serlo y hasta incluso viéndose en el brete de que se le vea del todo el plumero de en qué lado está, si con España o con los que la quieren destripar y en la oposición, donde los de Vox se han vuelto ingleses de Boris y proclaman a voces que le demos "puerta" a la UE ya que piensan que con esto Abascal será presidente en un pis-pas y los del PP que por una lado tienen que lidiar con ellos y por el otro aguantar que la Calvo le eche la culpa, a Rajoy para ser exactos, de ser causantes de lo que los jueces europeos han tenido a bien sentenciar.

La sentencia, es lo primero a decir, ha supuesto un cambio total a lo dictaminado hasta el momento por los tribunales europeos y contraria a lo establecido anteriormente. De hecho los letrados del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo habían enviado informes diametralmente opuestos. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha cambiado de opinión y ha dicho que adquiere la condición de eurodiputado, con todos su derechos y privilegios, como el de la inmunidad, en cuanto es proclamado electo sin que los diferentes países y juntas electorales de los mismos tengan ya nada que decir. Estén fugados, presos, juzgados y a falta de sentencia o lo que sea menester. El dictamen no pone en duda ninguna ni el juicio celebrado, ni sus procedimientos, ni sus condenas. Nada de eso. De hecho el abogado general inductor de la sentencia por cuyo criterio se guió indicaba que para Junqueras el asunto no tendría efectos prácticos en su situación penal y eso es lo que la Fiscalía española ha exigido ya. Comunicar al parlamento Europeo que el reo ha sido sentenciado a 13 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargo alguno. Junqueras, pues, solo tuvo tal condición desde el día 13 de junio, en que fue proclamado electo hasta el 14 de octubre cuando se hizo pública su sentencia, aunque su inhabilitación quedara en suspenso por el propio Tribunal Supremo a falta de conocer la decisión del TJUE que ha sido, eso también, contraria a lo que el Supremo y el conjunto de las Instituciones europeas esperaban obtener. Pero ahora la inhabilitación ya ha de ser un hecho porque la sentencia del Tribunal Supremo es firme y ha de hacerse cumplir. El vulnerarlo es lo que llevaría ya a una situación de altísimo riesgo y gravedad. No solo para España sino para toda la UE. Eso sí que supondría un ataque determinante a nuestra soberanía nacional y provocaría la desafección de la sociedad española, la más europeista hasta ahora. Sería cavar a toda velocidad la tumba donde empezar a enterrar el proyecto europeo.

Lo prioritario ahora es restablecer entre el ruido y la confusión, los hechos, la realidad jurídica y sus posibles conclusiones mas allá de las ansiedades de cada cual. Por ello es preciso aquilatar algunos considerandos que de entrada y en medio del torbellino no se han contemplado pero son primordiales y acabarán por aflorar y definir el final.

1) España pues, y en primer lugar, aplicó la legislación vigente entonces y fue respaldada por la Comisión y el Parlamento ateniéndose europeos respaldaron en su momento a España respecto a la primacía de las leyes nacionales en el acceso al fuero de eurodiputado. Ahora ha cambiado el criterio pero resulta un imposible judicial el aplicárselo retroactivamente a Junqueras. Por ello sí se le ha aplicado, de rebote pero de inmediato a Puigdemont y Comín, pero no al líder de ERC. Ni ya es factible que se le pueda aplicar.

2) El juicio contra Junqueras y todos los procesados quedó visto para sentencia el día 12 de junio. Las elecciones europeas se celebraron el día 26 de mayo, pero, y esto es trascendental también, la proclamación de los eurodiputados electos no se produjo hasta el día 13 de junio. Un día después de la conclusión de la vista oral. Resulta pues un estrambote pretender nulidad alguna. Por un día, sí, pero un día decisivo en estos vericuetos legales.

3) Atendiendo a lo anterior y a la condena en firme de Junqueras, la fiscalía del Supremo entiende pues que en su caso no es ni siquiera preciso el elevar al parlamento suplicatorio alguno para levantar su inmunidad sino que sirve con la comunicación del Supremo de la condena y la inhabilitación pues está ha desaparecido con la decisión judicial.

4) Diferente es el caso de Puigdemont y Comin. A ellos se les ha reconocido, por ahora provisionalmente, pero de inmediato la condición de eurodiputados. Y de inmediato la Justicia española debería pedir el que les sea retirada su inmunidad. Los prófugos además, ahora podrán acudir al Parlamento Europeo pero la especie de que se puede impunemente venirse a pasear por España es ya harina de otro costal. Acabaría en prisión y con muchas papeletas de no salir sino para ir ante el tribunal que lo vaya a juzgar. Podría incluso, eso también, presentarse a las elecciones autonómicas y resultar elegido, no está condenado porque no se le ha podido ni siquiera juzgar. Un delirio, pero así es. Pero puede, aunque ahora esté eufórico que precisamente y extrañamente con este revés, acabe por deshacerse el nudo gordiano y concluir el espectáculo de una vez.

5) La simple información al Parlamento Europeo, en caso de Junqueras, de la condena impuesta y la petición inmediata de suplicatorio en el de Puigdemont es lo que se debiera hacer en pura lógica, en simple justicia y en defensa obligada de España.

Pero es aquí donde aparece la política en toda su miseria. No por la Fiscalía, clara y rotunda, sino por la Abogacía del Estado, cuya dependencia gubernamental es palpable y que lo ha sido aún más al lanzarse al rescate de la investidura de Sánchez aunque eso signifique no solo abandonar la defensa de nuestro Estado de Derecho y nuestros órganos jurisdiccionales, sino convertirse en quinta columna y cómplice necesario de los separatistas. Esa es su pretensión pero en manos del Tribunal Supremo es donde esta la decisión. Y esta vez mejor será, que con unanimidades o sin ellas, la decisión se deje de otras gaitas que no sean la estricta aplicación de la ley y la utilización de todos los mecanismos en su defensa. Sin embargo la presión va a ser mucha, desde fuera y desde dentro también. El sanchismo aprieta y hace suyas los lenguajes y argumentos del separatismo. Carmen Calvo puede pasar ya en declaraciones por una portavoz de ERC. ¿Hasta qué punto puede afectar a la acción de la Justicia?. Esa y no es otra es la cuestión.. Y en ello es en lo que está en juego el mismo ser, existencia y unidad de nuestra Nación.