Los Juzgados de Paz tienen más de cien años. Se crearon como fórmula para llevar a todas las esquinas de la piel de toro que es España una justicia en la que participasen los ciudadanos.Sin embargo, su existencia puede verse gravemente dañada si el Gobierno aprueba la reforma de la Ley del Poder Judicial que hará desaparecer la figura de los jueces de paz. Hasta el momento, el primer paso ya se dio a principios de abril, cuando el Consejo de Ministros lo aprobó.

La página web de La Moncloa especifica en un informe que el anteproyecto busca, por un lado, conseguir mayor flexibilidad en la  organización de los tribunales y, por otro, que sólo profesionales sean los que tengan potestad para impartir justicia. Debido a estas disposiciones se recoge la posible desaparición de los jueces de paz, pero no así de los Juzgados de Paz, que asumirán labores de apoyo y acceso al Registro Civil.

Desacuerdo. En Cuenca hay 233 juzgados de paz concentrados en 17 agrupaciones. El coste anual de todo este organigrama judicial alcanza los 310.000 euros al año. Cantidad que se subdivide en un  87 por ciento en las retribuciones de los jueces y en un 13 por ciento restante que se refiere a las subvenciones a los ayuntamientos.

La Tribuna preguntó a algunos jueces de diferentes localidades sobre la posible desaparición de sus cargos. Son pueblos de diferentes tamaños y repartidos a lo largo de la provincia.

En Las Mesas ejerce como juez de paz José Ángel Irnán, con más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Reconoce que su función principal es «arreglar problemas entre los vecinos para evitar que acudan a los juzgados a derimir sus problemas». Con respecto a la nueva ley cree que «es un error» y que si la aprueban «los juzgados de Instrucción tendrán muchísimo más trabajo». Añade además que la mayoría de los casos que llevan los jueces de paz son faltas, por lo que «esta ley provocará que a la gente le cueste el dinero solucionar un problema muchas veces absurdo». Finaliza con un recuerdo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco. «Siempre que nos hemos reunido con él, ha alabado el papel que realizamos los jueces de paz», concreta.

Algo parecido opina Trinidad Fernández, una de las pocas juezas que hay en la provincia. Aunque afirma que a ella no le parece «ni bien ni mal» la posible reforma legislativa, sí considera que «muchas cosas de las que llevamos son nimiedades», por lo que si todas sus funciones se trasladan a los juzgados de Primera Instancia, el trabajo de estos organismo se multiplicará.

José Martínez, de Horcajo de Santiago, difiere un poco de las opiniones de sus dos compañeros.  Está incluso de acuerdo con la eliminación de los juzgados de paz en los pueblos más pequeños que están cerca de la localidad en la que vive, como Pozorrubio o Fuente de Pedro Naharro, aunque «en lugares con una mayor población no creo que sea buena idea «porque le quita mucho papeleo al juzgado».

Un volumen de trabajo alto suele ser más común en las poblaciones grandes, lo que no ocurre en la misma proporción en las localidades con menos habitantes. En Fuetelespino de Haro, por ejemplo, Gregorio Valencia, observa que la mayoría de los casos que trata son «riñas y discusiones que se solucionan con un apretón de manos», con lo que se evita que «lleguen a la justicia».