También conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Clan del Golfo es la mayor banda criminal del país y amenaza el sueño de «paz total» del Gobierno de Gustavo Petro con una ola de violencia que ha llevado al presidente a suspender el cese del fuego bilateral con esa organización.
«Son un grupo que tiene una naturaleza que no es política, pero eso no impide que tengan un ejercicio de control social territorial en vastos territorios de Colombia». Así define el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a este grupo que nació tras la desmovilización en 2006 de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Se calcula que el Clan del Golfo cuenta con 9.000 integrantes y tiene presencia en 14 de los 32 departamentos del país, donde se dedica al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
Tras la extradición a EEUU, el pasado mayo, de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, las AGC mostraron los dientes al paralizar 11 regiones con acciones violentas que dejaron 24 muertos. A pesar de esa muestra de control, el Gobierno insiste en que no tienen estatus político, al contrario de otras organizaciones, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC. Es por ello que el Ejecutivo no habla de acuerdo político, sino de sometimiento a la Justicia para este grupo, con el que ya tuvo conversaciones que ahora quedan en vilo tras la suspensión del cese el fuego bilateral.
Eso sí, los expertos consideran que el Clan del Golfo es la «fuerza criminal dominante en Colombia, con alcance a nivel nacional».
Después de la extradición de Otoniel, comenzó una pugna interna por el poder que acabó con el asesinato de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, segundo cabecilla de las AGC, y la victoria de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Una situación que hace temer que el grupo acabe dividiéndose en facciones.
Las AGC, que nacieron en la región de Urabá, controlan sobre todo la región Caribe y gran parte del Pacífico, zonas estratégicas para enviar drogas a EEUU y otros países.
Los orígenes del Clan del Golfo, que inicialmente se conocía como Los urabeños, se remontan al paramilitar Vicente Castaño, quien en 2006 abandonó el proceso de desmovilización de las AUC y rearmó una unidad paramilitar. Después de luchas internas que terminaron con el asesinato de Castaño en 2007, quedó al mando Daniel Rendón, alias Don Mario, quien monopolizó la importante ruta del tráfico de drogas por Urabá, cobrándole un impuesto a los traficantes por cada kilo de cocaína que pasaba por la zona.
Don Mario fue capturado en 2009, con lo que la banda quedó bajo el control de Otoniel y de su hermano Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni. Ambos comenzaron su carrera criminal en la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), ya desmovilizada, y también pasaron por las AUC. Los Úsuga sumaron a guerrilleros del EPL y comenzaron su expansión en áreas estratégicas para el narcotráfico, pero Giovanni fue abatido en 2012, con lo cual Otoniel quedó como único jefe de la organización y amplió su espectro a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
Para contrarrestar al Clan del Golfo, el Gobierno puso en marcha en la década pasada la operación Agamenón, con la que logró abatir o capturar a más de una veintena de mandos de ese clan criminal. Ese debilitamiento condujo en octubre de 2021 a la captura de Otoniel en lo que el entonces presidente, Iván Duque, llamó «el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país».
Ahora, el nuevo Ejecutivo aboga por retomar unas conversaciones que ayuden a lograr esa paz total.