«Es vomitivo». Estas han sido las palabras de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a las acusaciones de Vox a los menores migrantes, quienes reiteran que vienen «a delinquir» recibiendo ayudas públicas y cuestionando las políticas de inmigración.
Desde el Grupo Parlamentario Vox tachan de «puertas abiertas» las medidas que el Gobierno de España y el PSOE está llevando a cabo, alentando el «efecto llamada». El presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, ha cuestionado que el Ejecutivo castellanomanchego solo quiere acoger a los menores migrantes si el Estado les «da dinero».
Ante estas palabras, García Torijano ha sido contundente con Moreno y le ha reprochado la manipulación de las noticias y los datos. Por un lado, ha respondido que el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha sido defensor de la acogida de los menores, pero que para ello se necesita financiación por parte del Estado para cuidar a los más vulnerables.
García Torijano ve «vomitivas» las acusaciones de Vox a Menas - Foto: CortesEn segundo lugar, ha sentenciado que es un Real Decreto el que dictamina el número de menores que llegan a la región y no el presidente autonómico, como replicaban desde la formación de los de Santiago Abascal.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, el diputado autonómico del PP José Antonio Martín-Buro, en su turno de palabra, ha insistido en la vinculación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la presunta trama de corrupción de Ábalos y Cerdán.
A su juicio, cree que hay indicios suficientes para tal acusación, ya que la partida presupuestaria de Bienestar Social lleva años sin gastarse en su totalidad y acusa de «amiguismos» a varios funcionarios de la consejería: «Nadie se va a callar sobre la corrupción sistémica que arrincona al PSOE y cada vez más a Castilla-La Mancha», ha concluido.
Martín-Buro ha cuestionado las propuestas de Vox al considerar que no se podrían aplicar. Según el 'popular' invadirían competencias de las comunidades autónomas y habría que «salirse de la Unión Europea» para acometer esas propuestas.
Por su parte, la titular de Bienestar Social ha defendido la actuación de la consejería que dirige frente a las palabras del PP. Según ha explicado García Torijano el contrato al que se refiere Martín Buro fue una licitación «transparente y pública».
García Torijano ha pedido al PP trabajar por los menores migrantes -que es la cuestión que se debía debatir-, pero cree que son ellos los que sienten «vegüenza» de si mismos al pactar con un partido que criminaliza a la inmigración.
En el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado autonómico del PSOE José Antonio Contreras ha defendido que su partido está trabajando por la «convivencia» y no por fomentar la llegada de migrantes «ilegales» como expeta Vox. «Castilla-La Mancha ha sido históricamente tierra de acogida», ha dicho, para concluir que «frente al odio» estarán para defender a los menores.
Financiación y número de migrantes. La financiación de la llegada de los menores migrantes no acompañados es el principal escollo que divide a las autonomías y al Gobierno central. Castilla-La Mancha ha reclamado más financiación y «medidas a la altura» para que el Ejecutivo regional pueda atender en plenas condiciones a los migrantes que lleguen a los recursos asistenciales de la comunidad autónoma.
La cifra de menores que acogerá la región son 320 y la financiación propuesta por el Gobierno central es de 4,1 millones de euros. Según los cálculos de la Junta, con esta cuantía podrían acoger durante un año a este número de menores gastándose 35 euros al día. Una cifra que reprochan, ya que con anterioridad el gasto que se dedicaba a los migrantes desde el Ministerio rozaba los 140 euros diarios.