Fueron varias las acusaciones del Partido Popular hacia la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tratando de vincular la gestión de unos contratos con la empresa Levantina en la presunta trama corrupta del exnúmero dos del PSOE, Santos Cerdán.
El Gobierno de Castilla-La Mancha realizó dos contratos con la empresa Levantina, investigada por los informes de la UCO. El primero fue en 2017 en la adjudicación de una escuela pública en un minicipio de Cuenca. La segunda de las licitaciones fue en 2023 para las obras de una residencia de mayores. Esta última costó más de 5 millones de euros.
Desde el PP han acusado de trato de favor a dicha empresa investigada y de un intento por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de silenciar tales acusaciones: «Nadie se va a callar sobre la corrupción sistémica que arrincona al PSOE y cada vez más a Castilla-La Mancha», espetó el diputado 'popular' José Antonio Martín-Buro.
Según el PP, el contrato se realizó tras rechazar a otras empresas y se eligió a Levantina por cuestiones «subjetivas». Desde el Ejecutivo, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, defendió la actuación del Gobierno autonómico a la hora de realizar la licitación de dicha empresa.
García Torijano recordó que el contrato es público y que está disponible en el portal de trasparencia, además de que se realizó de forma correcta. Asimismo, le ha preguntado a los 'populares' si han denunciado en Andalucía los contratos que ha hecho el Gobierno autonómico de Juan Manuel Moreno Bonilla con esta misma empresa por valor de 7 millones de euros.
Más adelante, el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Santiago Serrano, volvió a sacar el tema. En este caso defendió la actuación de su compañera de partido Carolina Agudo, a quien el PSOE le pidió que dimitiese si no argumentaba con información la vinculación de Emiliano García-Page con la presunta trama de corrupción.
Serrano recriminó la actuación de los socialistas y aseguró que la portavoz del PP en las Cortes regionales seguiría siendo diputada. Así, recriminó que lo socialistas deberían exigir la dimisión «del número uno, de Sánchez» y acusó a los diputados de Page de «aplaudirle de pie» en el Congreso.
Como hizo la propia Agudo en rueda de prensa, Serrano volvió a reclamar al PSOE y al propio presidente de Castilla-La Mancha que diesen explicaciones de la contratación por parte de la Junta a la empresa vinculada con el caso Koldo y no estar pidiendo «dimisiones absurdas».
Pasaron las 24 horas que el Gobierno autonómico dio para que la portavoz del PP en las Cortes y secretaria general de los 'populares' en la región dimitiera. Agudo se queda y el PSOE avisa de que están estudiando «diferentes acciones» que plantearán la próxima semana. A juicio del PSOE Agudo «no ha aportado pruebas de sus graves acusaciones» y tampoco «ha dimitido ni ha dejado el acta parlamentaria».
El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, dijo en un mensaje en la red social 'X' que Agudo ha tenido un plazo «para justificar su calumnia»: «Una persona que injuria a sabiendas de que es falso al Presidente de Castilla-La Mancha no puede sentarse hoy en las Cortes», sentenció Gutiérrez al tiempo que indicó que los tiempos en los que el PP «manipulaba para acusar a socialistas se acabaron con Cospedal».