La dificultad para acceder a servicios básicos en el entorno rural es, junto al envejecimiento de la población, uno de los principales desafíos crecientes que arrastra la España vaciada para este 2024. Aunque servicios como los del comercio, la atención médica o los servicios postales apuntan a una reducción, según vaticinan los expertos, existen otras prestaciones, como los servicios bancarios, que están evolucionando positivamente gracias a una mayor accesibilidad a los mismos.

Un reciente estudio del medio rural del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales refleja como en la última década han aumentado significativamente las dificultades para acceder a tiendas y supermercados (+32,3%), servicios postales (+30,96%) o recibir atención médica (+18,63%). Mercedes Molina, coautora del informe y catedrática emérita en geografía humana en la Universidad Complutense de Madrid, explica que "la descapitalización humana progresiva, asociada al comportamiento de políticas públicas, tanto estatales como autonómicas, ha supuesto un deterioro de los servicios, tanto públicos como privados".

Esta tendencia, lejos de reducirse, seguirá creciendo, seguirá prolongándose, aunque ya hay excepciones. Luis Camarero, catedrático de Sociología de la UNED y otro de los participantes en el estudio, asegura que "observaremos una tendencia de reducción progresiva o una mayor dificultad de accesibilidad a servicios básicos", aunque destaca que la prestación de muchos servicios, como el bancario está mejorando. Así, considera que las medidas desplegadas por la banca en el entorno rural como los ofimóviles, los acuerdos de cashback o la figura de los agentes financieros, entre otras, "han sido iniciativas positivas que han permitido reducir la brecha financiera y mitigar el cierre de oficinas".

Precisamente, CaixaBank, con la red más extensa en España, es una de las entidades que más esfuerzos ha llevado a cabo a la hora de desplegar medidas para mitigar los efectos de la España vaciada. Así, durante 2022 y 2023 la entidad ha ampliado la cobertura de su red de servicios financieros a un total de 484 nuevos municipios de zonas rurales, en los que la entidad no tenía presencia hasta ese momento. La incorporación de estos nuevos puntos de servicio se ha realizado gracias a la llegada de las oficinas móviles y a la instalación de cajeros automáticos.

Asimismo, Abanca e IberCaja han aplicado, respectivamente, diferentes acciones para disponer efectivo, como el refuerzo de cajeros automáticos en varias poblaciones gallegas o la implementación de dispositivos cash-back en comercios de Teruel.

La banca ejemplifica bien los esfuerzos por reducir la brecha a todos los niveles en el mundo rural, ya que entre 2021 y 2022 disminuyó el número de municipios sin ningún punto de acceso presencial a servicios bancarios en 167, suponiendo el 2,1% de los municipios y un 0,13% de la población, según datos del Banco de España.

El profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en exclusión financiera, Emilio Martín, explica que "si se cumplen los compromisos para la inclusión financiera en el ámbito rural, el objetivo es que todos los municipios cuenten con al menos un punto de acceso de uno u otro tipo a servicios financieros". En esta dirección, Martín señala que "queda mucho trabajo por hacer, pero que podemos ser optimistas" en afirmar que la brecha financiera en el medio rural se seguirá reduciendo este 2024.

En cualquier caso, los esfuerzos realizados desde el ámbito privado se han ido complementando también con los del sector público en otros ámbitos, redoblando así los esfuerzos por hacer más accesibles los servicios esenciales a los entornos rurales. Así, a través de los ayuntamientos, se han llevado a la práctica varias actuaciones para acercar a la ciudadanía la prestación de servicios básicos, como puede ser la figura de un mediador que ayuda a gestionar desde el pago de impuestos a gestionar citas médicas, según explica Luis Camarero.

La accesibilidad a los servicios esenciales, precisamente, es un aspecto que también se recoge en el reciente estudio de la Comisión Europea 'Are remote rural areas in Europe remarkable: challenges and opportunities', que concluye que el transporte, la velocidad de Internet y acceso a servicios esenciales son los principales retos de las zonas rurales en Europa. Asimismo, sostiene que las zonas rurales pueden contribuir a dar nuevas oportunidades a entornos remotos y a cumplir con los objetivos del Pacto Verde europeo.

En esta misma línea, tanto Luis Camarero como Emilio Martín coinciden en afirmar que los retos a los que se enfrenta la población rural son de largo alcance y requieren que la población esté dispuesta a vivir allí, lo que requiere de infraestructuras y oportunidades laborales y vitales. En paralelo, Mercedes Molina aclara que existe una creciente y gran brecha rural, urbana y metropolitana, pero que pese a ello "se han realizado actuaciones puntuales significativas, que aún requiere de un plan de acción de conjunto presupuestado en tiempo, en acciones y consensuado".