El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple un año desde que vio al PSOE y al PP alcanzar un acuerdo para renovarle, tras pasar un lustro con el mandato caducado ante la incapacidad de ambos partidos de cerrar un pacto. En este tiempo, acordó 120 nombramientos en la cúpula judicial, pero encalló en las Presidencias de dos salas claves del Supremo -la que juzga a los aforados y la que revisa las decisiones del Gobierno- y en la reforma del sistema de elección de sus 12 vocales.

El recién nombrado CGPJ inició su andadura en septiembre con varias tareas pendientes; la más urgente era cubrir las vacantes que acumulaba. Solo en el Alto Tribunal había 25 de magistrados, el 30 por ciento de su plantilla.

El órgano saliente, a pesar de llevar en funciones desde diciembre de 2018 y perder cinco vocales -dos por jubilación, una por dimisión y una por defunción-, siguió trabajando, aunque sin hacer designaciones discrecionales porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Ejecutivo en 2021 se lo prohibía.

Como consecuencia de esta situación, en septiembre de 2024 había 111 vacantes en la cúspide judicial, incluidas las que dejaron en el Supremo la designación de Ángel Arozamena y de José Antonio Montero como vocales; así como la de Isabel Perelló y de Dimitri Berberoff como presidenta del Alto Tribunal y del CGPJ y como vicepresidente del Supremo, respectivamente.

120 designaciones. Desde entonces, el órgano realizó 120 nombramientos, de los cuales 51 llevan nombres de mujeres. Según fuentes de la Judicatura, sin contar la jurisdicción militar hay un total de 37 vacantes en la cúpula judicial, siete de ellas en el Alto Tribunal.

Inciden también estas fuentes en que, aunque esos 120 nombramientos superarían las 111 vacantes que había en septiembre, se han producido nuevas bajas por jubilación o fallecimiento de magistrados.

De este modo, los 20 vocales habían conseguido desbloquear el atasco después de que el CGPJ recuperara su capacidad de hacer nombramientos al no estar en funciones, pero encallaron al intentar un acuerdo sobre dos Presidencias de salas claves del Supremo.

Se trata de la de la Sala de lo Penal, a cargo de investigar y juzgar a cargos aforados como diputados, senadores y miembros del Ejecutivo; y la de lo Contencioso-Administrativo, responsable de revisar los recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros y la Administración del Estado.

En la actualidad, el Supremo tiene sobre la mesa las causas relativas al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos; y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

 

Bloqueo

Perelló intentó sacar adelante los nombramientos en dos ocasiones, primero en febrero y luego en abril, fracasando en ambas al no haber acuerdo posible entre los bloques progresista y conservador. 

De este modo, la presidenta volvió a incluir el debate en el Pleno del 7 de mayo e incluso forzó a los vocales a votar. Pero no hubo fumata blanca, por lo que devolvió la convocatoria a la Comisión de Calificación para que hiciera una nueva propuesta, aunque no se reabriría la terna de candidatos. Los cuatro aspirantes son Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer, para dirigir la Sala de lo Penal, y Pablo Lucas y Pilar Teso, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Las votaciones se saldaron sin sorpresa, con los 10 apoyos del bloque progresista para Ferrer y Teso y los 10 del sector conservador para Martínez Arrieta y Lucas. Perelló, por su parte, votó en blanco. 

Desde el ala conservadora reivindican la calidad y veteranía de Martínez Arrieta y Lucas, que ya ejercen interinamente como presidentes de sus respectivas salas y están cercanos a la jubilación, y consideran que su elección sería el «corolario» a su carrera, por lo que otros magistrados no se han postulado «por respeto». Los progresistas sostienen que la excelencia se presupone a los cuatro candidatos y que las plazas deben adjudicarse por el proyecto para estas salas y el tiempo para desarrollarlo, algo que jugaría a favor de Ferrer y Teso, que tendrían por delante los cinco años de mandato.

Salas clave

Ambos lados se reprochan la negativa a negociar y lo cierto es que subyacen varios obstáculos, entre ellos el firme rechazo de los conservadores a Ferrer, a la que ven como «la candidata de Cándido Conde-Pumpido» (presidente del Constitucional); la «animadversión» de Perelló a Teso, que no la veta pero mina su candidatura; y la regla de paridad, que los conservadores interpretan para el conjunto de la carrera y los progresistas quieren aplicar a cada grupo de plazas, de modo que estas sean para mujeres.

Perelló trasladó a los vocales que estas dos plazas no pueden quedar pendientes sine die, por lo que las fuentes consultadas indican que es probable que insista en forzar una nueva votación antes de que termine julio. Cabe recordar que el acuerdo entre progresistas y conservadores -con 10 vocales cada uno- es imprescindible para lograr unos nombramientos que deben contar al menos con 13 apoyos.

Este fue uno de los puntos que pactaron PP y PSOE en 2024 en el marco del acuerdo para renovar el CGPJ: una reforma de la LOPJ que fijó que a partir de entonces sería necesaria una «mayoría reforzada» de tres quintos para la toma de decisiones en el órgano.

Sistema de elección 

Con la reforma también se encargó a los nuevos vocales la redacción -en seis meses- de una propuesta sobre el cambio del modelo de elección de los 12 vocales del turno judicial. Pero tampoco llegaron a un acuerdo.

El 5 de febrero, el máximo órgano de gobierno de los jueces aprobó las dos propuestas que surgieron en su seno, una del bloque conservador y otra del progresista, ante la constatación de que no era posible un texto consensuado, que por ley debía emitir al día siguiente.

Se acaba de cumplir un año desde que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el entonces vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, firmaron el acuerdo en Bruselas en presencia de la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

El primer escollo para sacar adelante un asunto que requería una «mayoría reforzada» fue el nombramiento de Perelló. Los vocales tomaron posesión de sus cargos un día después del pacto. Pero no fue hasta el 25 de julio que empezaron a andar y presentaron los siete nombres que se disputarían la Presidencia del pCGPJ.

Fueron necesarias varias votaciones. El nombramiento de Perelló llegó con 14 apoyos el 3 de septiembre. La carrera judicial estaba pendiente, toda vez que 48 horas después tendría lugar la apertura del año judicial y se esperaba que se celebrase en el marco de una «normalidad» institucional.

Perelló aprovechó su primera intervención en público al frente del órgano para exigir respeto al trabajo de los jueces. Ese día ya advirtió que «ningún poder del Estado» podía «dar instrucciones» a los magistrados y pidió evitar los «ataques injustificados» a los jueces.

Han pasado nueve meses y la magistrada ha tenido que insistir en su petición, hace varias semanas, denunciando «la descalificación sistemática y vacía» contra los jueces.