La docena de reivindicaciones de los agricultores que estos días ocupan las carreteras para hacer visibles sus protestas pueden resumirse en dos: percibir un precio justo por sus productos y que se disminuyan los procesos burocráticos para acceder a las ayudas. Dentro de su primera demanda entran un mayor control de precios en la cadena alimentaria para no verse obligados a vencer a pérdidas, el mantenimiento de las subvenciones al gasóleo o la imposición de aranceles a los productos extracomunitarios. Y en la segunda todas las relacionadas con los trámites para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común, el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y la petición para que se relajen algunas de las exigencias comunitaria relacionadas con la transición ecológica. Todo en el marco de un conflicto que se desarrolla en tres campos, contra la Unión Europea a pesar de que el presupuesto comunitario gasta en la PAC la tercera parte de sus fondos, en la oposición al Gobierno pese a las ayudas directas destinadas al campo, y en la lucha soterrada entre el PP y Vox por hacerse con la representación mayoritaria en el sector agropecuario.

El Gobierno se ha comprometido a vigilar con más firmeza el desarrollo de la Ley de la Cadena para evitar que cueste más producir que los beneficios que se puedan obtener, aunque se dé la paradoja de que quienes ahora insisten en aumentar los controles votarán en su momento en contra de una ley que ha demostrado su utilidad en algunos sectores, como el lácteo. Llevan razón los agricultores cuando piden que los controles fitosanitarios que se exigen a sus producciones tengan el mismo reflejo en los países extracomunitarios, para no ver mermada su capacidad de competir. Pero para que las explotaciones agroalimentarias sean rentables no hay que mirar solo hacia a competencia de los países extracomunitarios, sino hacia el mercado interior y exigir un mayor compromiso de los canales de distribución con el sector primario y los consumidores, después de que han obtenido ganancias desorbitadas aprovechando el contexto de una inflación elevada.

Muchas de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos tienen también un componente ideológico innegable -a lo que no es ajeno que Vox pidiera dirigir las consejerías de Agricultura en los gobiernos de coalición con el PP- y de ahí que varias de la docena de reivindicaciones tengan como objetivo la derogación de leyes que consideran lesivas para sus intereses, elaboradas, a su juicio, por urbanitas que no han pisado el campo, pero que solo demuestran que para ellos cualquier tiempo pasado, sin regulaciones sobre el bienestar animal o protección de especies, fue mejor, en lugar de adecuarse a las nuevas realidades. Además de que desprenden un innegable aire antieuropeísta. La sequía viene a añadir más dramatismo a la situación del sector primario y vuelve a poner de manifiesto necesidad de un Pacto por el Agua y de que las comunidades ribereñas pongan en marcha desaladoras para cubrir sus necesidades.

Con sus tractores, los agricultores tratan de paralizar otras actividades económicas, pero si prolongan sus protestas perderán la simpatía de quienes apoyan su causa, y cuando vuelvan a sus explotaciones seguirán teniendo los mismos problemas, cuya solución deben canalizar a través de las organizaciones que tienen la interlocución con las distintas Administraciones.