El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la rápida respuesta por parte del Gobierno de España a la solicitud impulsada por el presidente regional, Emiliano García-Page, para declarar zona catastrófica a las localidades afectadas por las DANA del mes de septiembre y que las ayudas puedan llegar lo antes posible a los municipios damnificados.
Así lo han explicado, en una rueda de prensa conjunta, los delegados de la Junta en Toledo y Cuenca, Álvaro Gutiérrez y María Ángeles López, respectivamente, las provincias más afectadas por las lluvias torrenciales, un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil.
La delegada de la Junta de la provincia de Cuenca, María Ángeles López, ha explicado que, en la provincia de Cuenca, en la que los daños se estiman en una cifra de 35 millones de euros, han solicitado la declaración de zona catastrófica 91 ayuntamientos, la EATIM de Valeria, la mancomunidad Depurama y la Diputación provincial de Cuenca.
"Vista la envergadura de la emergencia, debemos valorar la rápida respuesta del Gobierno de España, que una vez más se muestra sensible a las necesidades de nuestros pueblos y acorta los tiempos de respuesta para que las ayudas puedan llegar cuanto antes a las personas y ayuntamientos afectados", ha señalado.
Además, ha recordado que el pasado 20 de septiembre el Gobierno castellanomanchego anunció que solicitaba la ampliación de la declaración de zona catastrófica a los municipios afectados por las tormentas que no se incluyeron a comienzos de septiembre y que causaron graves estragos en más provincias. En total, la cuantía de la estimación de los daños en el resto de provincias es de 29 millones de euros en Albacete, 27 millones en Ciudad Real y 2 millones en Guadalajara.
Por último, la delegada ha querido incidir en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los municipios más afectados "todos los medios humanos y materiales a su alcance, desde el primer minuto y, sobre todo, para que no se vieran interrumpidos servicios esenciales, como la sanidad, la educación, la atención a las personas mayores o dependientes; o la movilidad de las personas".