El que la ciudad de Cuenca conserve, prácticamente intacto, el segundo edificio escolar de titularidad pública que se construyó dentro de su casco urbano es motivo de orgullo para todos los que valoramos nuestro patrimonio histórico. Como ya expuso en este periódico Antonio Rodríguez, el primer inmueble alzado para albergar una escuela pública se inauguró en 1928, en el solar en el que hoy se asienta la Subdelegación del Gobierno. Fue demolido en 1944 por los desperfectos que presentaba. Una vida breve para una escuela levantada con tantas expectativas. Sin embargo, el edificio del Colegio Ramón y Cajal, con noventa años en pie, marca y sigue evocando el inicio de la dignificación del espacio escolar destinado a la enseñanza primaria pública en la ciudad.
Durante el siglo XIX, la mayoría de naciones europeas consiguieron establecer las infraestructuras escolares necesarias para ofrecer a sus ciudadanos una enseñanza pública gratuita y universal. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, en España el desarrollo de su sistema educativo se encontraba muy lejos del nivel que mostraban los países vecinos. ¿A qué circunstancias obedecía este desfase? Desde 1857, año en el que se había promulgado la ley general de educación, conocida como ley Moyano, el mantenimiento y crecimiento de la red escolar pública se encomendaba a los ayuntamientos, responsables del pago de los salarios y de la vivienda a los maestros que ejercieran en su término municipal, así como del sostenimiento y construcción de los locales-escuela.
Las exhaustas arcas municipales no permitían a las entidades locales asumir con rigor las competencias que la ley les asignaba. Se limitaban a cumplir lo mínimo, contratando al menor número de docentes, y abriendo sólo las aulas imprescindibles para mantener una cierta apariencia de acatamiento de la ley. Todo ello se revelaba en la insuficiencia de plazas escolares públicas a lo largo y ancho de la geografía española. Miles de niños no acudían a la escuela porque no se contaba con aulas suficientes. En las ciudades, las órdenes religiosas y algunas iniciativas privadas paliaban este déficit, en los núcleos rurales, el problema se mostraba con mayor crudeza.
Además, las clases abiertas se hallaban instaladas en pésimos locales, faltos de luz, en condiciones higiénicas deplorables, y ayunos de todos los requisitos que la pedagogía señalaba como indispensables para una aceptable praxis escolar. La mayoría de escuelas sólo contaban con aulas unitarias, en las que convivían apiñados niños de todas las edades y niveles de instrucción. Poquísimas localidades podían presumir de un edificio-escuela proyectado y construido teniendo en cuenta su fin, en el que pudiera organizarse la enseñanza por niveles de instrucción, de acuerdo con el modelo graduado. Ante esta situación, no es de extrañar que muchos padres considerasen poco relevante el que sus hijos acudieran o no a la escuela. Tanto las bajas tasas de escolarización como el alto nivel de absentismo escolar suponían dos males endémicos que aquejaban la enseñanza elemental.
Regeneración. Los primeros gobiernos surgidos tras el desastre del 98, alentados por los ideales regeneracionistas, defendieron y promovieron un cambio drástico con el fin de revertir la situación y reducir el atraso económico y social del país. Resultaba urgente situar las cuestiones escolares en un primer plano de la política nacional. La creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, hasta entonces las cuestiones educativas dependían del Ministerio de Fomento, así como la inclusión en 1903 del pago del salario de los maestros en los presupuestos del Estado, liberando a los ayuntamientos de esta costosa obligación, fueron medidas decisivas, así como la propuesta de implantación del modelo graduado, como la mejor fórmula de organización escolar. Se iniciaba, pues, un largo camino que en la práctica supondría la progresiva asunción por el Estado de su responsabilidad en la mejora, mantenimiento y extensión de la enseñanza primaria pública.
Resultaba imprescindible y básico construir nuevas escuelas, que permitieran tanto escolarizar a más niños como organizar la enseñanza por niveles de edad y conocimiento. A este propósito responde tanto la creación, en 1920, de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, un gabinete técnico que supervisaría y redactaría los nuevos proyectos de edificios escolares, como los incrementos presupuestarios y la concesión de subvenciones a fondo perdido a los ayuntamientos que se embarcaran en la construcción de escuelas.
A partir de entonces, sólo tendrían que proporcionar el solar y aportar un porcentaje del presupuesto de obras. Además, durante la etapa del Directorio Militar de Primo de Rivera, mediante la reforma de la ley de régimen local y el acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas de Ahorro, se facilitó el acceso al crédito y financiación de la obra pública municipal, incluida la construcción de escuelas. Es en este contexto en el que la corporación local conquense se decide a emprender la construcción de los dos primeros edificios escolares de la ciudad.
El proyecto del edificio del Grupo Escolar Ramón y Cajal sería uno de los más representativos y caros entre los confeccionados por la Oficina Técnica en sus primeros años de andadura. Fue diseñado en 1926 por Guillermo Diz Flórez, arquitecto de plantilla del gabinete. La primera piedra se colocó en 1928, coincidiendo con la inauguración del Grupo Primo de Rivera. Su presupuesto inicial ascendía a 293.029 Ptas. Una cantidad alta en comparación con el coste de otros edificios semejantes alzados en aquellos años. El Estado aportaría a fondo perdido la mitad, y el ayuntamiento la otra mitad, que financiaría con un crédito del Instituto Nacional de Previsión.
Obras. Distintos problemas en la cimentación del edificio y con el contratista de obras elevarían su coste inicial y demorarían su conclusión hasta 1933. A ello habría que sumar, la imprevisión de la corporación local para dotar al centro del moblaje preciso, lo que retrasaría su apertura hasta el curso 1934-35. Habían transcurrido ocho años desde la aprobación oficial de su construcción, en plena Dictadura, hasta su inauguración durante la República.
Concebido en un primer momento como sede de la escuela graduada de niños con seis secciones aneja a la Normal de Maestros, al aprobarse en 1932, la construcción de la nueva escuela Normal de Cuenca y sus graduadas anejas, perdió este destino. En el diseño inicial se contemplaban dos plantas, con tres aulas en cada una, dos salas de trabajos manuales, otra destinada a recreo cubierto, una sala de proyecciones y reuniones, y despachos para el director y el médico escolar.
Disponía además de amplias galerías, que podrían emplearse como bibliotecas, y dos terrazas para tomar baños de sol, tal y como se recomendaba en los postulados de la corriente higienista. Durante la Guerra Civil se habilitaría como hospital militar. Después, y hasta nuestros días, con algunos paréntesis de inactividad causados por obras de mejora, conservando su fachada y estructura original, sus magníficas aulas han visto a miles de niños conquenses descubrir y aprender las primeras letras de la mano de sus maestros.