Preocupación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca (COFC) por la situación de muchas de las farmacias rurales diseminadas a lo largo y ancho de la provincia, que se enfrentan diariamente al reto de mantener abierto su negocio ante su escasa rentabilidad económica debido, sobre todo, a la cada vez menor población a la que atender.
Son las conocidas como farmacias VEC –con la viabilidad económica comprometida–, de las que la provincia de Cuenca tiene en la actualidad un total de 48, la cifra más alta del país, seguida de lejos por Salamanca, con 31, y las provincias de León, Zamora y Castellón, con 28, según los datos que maneja el COFC y que denotan que casi una de cada tres (28%) farmacias conquenses se encuentran en esta situación.
Y no es para menos, en opinión de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca, Luz Moya, si se tiene en cuenta que de las 172 farmacias conquenses, el 59 por ciento (101) están emplazadas en municipios de menos de 1.500 habitantes y cuatro de cada diez (70) en localidades de menos de 500.
No es de extrañar, en consecuencia, que las boticas conquenses tengan una de las cifras más bajas del país de ratio poblacional; es decir, de población por farmacia. En concreto, la media provincial se sitúa en los 1.134 habitantes por oficina, mientras que en la región se eleva a los 1.633 y a nivel nacional a los 2.136. Cifras que empeoran, más si cabe, si se habla de la ratio poblacional de las farmacias rurales conquenses, puesto que baja hasta los 976 ciudadanos.
De ahí que, según subraya Moya, haya este año 48 boticas conquenses con serias dificultades para llegar a fin de mes, un 37,1 por ciento más que en 2022 cuando se quedaron en 35, y que están recibiendo una ayuda mensual del Gobierno regional de unos 211,81 euros de media «a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades para mantenerse abiertas», afirma.
Y es que, tal y como precisa, una oficina de farmacia está muy regulada y, por ejemplo, tiene fijado por real decreto el margen comercial en el 27,9% del precio de venta al público para los medicamentos de hasta 91,63 euros, que «son la mayoría», a lo que se suman «los precios cada vez más bajos de los fármacos».
Pero por si esto fuera poco, Moya incide en que las farmacias contribuyen, además, al mantenimiento del Sistema Nacional de Salud por dos vías, a través de una contribución específica en función de la facturación y, desde la crisis económica, mediante una aportación del 7,5% del precio de venta al público de los fármacos.
Todas estas cuestiones hacen que, en su opinión, estas farmacias rurales se encuentren en una «situación terminal», ya que a los problemas económicos «se unen muchas veces cargas excesivas y un calendario de guardias muy exigentes».
Posibles soluciones. Para el Colegio de Farmacéuticos conquense, una de las soluciones que contribuiría a paliar esta precaria situación pasaría por que la Administración autorizara servicios farmacéuticos profesionales remunerados.
Entre ellos, Moya pone como ejemplos el Servicio Personal de Dosificación (SPD), con el fin de que pacientes mayores polimedicados y que viven solos tengan la garantía de que se toman adecuadamente su medicación en tiempo y dosis, o el Servicio de Atención Domiciliaria, dirigido también especialmente a mayores, proporcionándoles los medicamentos necesarios sin tener que ir a la farmacia o, incluso, aquellos de diagnóstico hospitalario, que ahora solo se dispensan en la farmacia del hospital.
El COFC vería, asimismo, con buenos ojos una revisión de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla-La Mancha e, incluso, la fijación de rebajas fiscales para las farmacias rurales. Y es que considera que «no se valora debidamente el servicio tan necesario que un farmacia presta en el medio rural».