Un petrolero monocasco griego, con bandera de Bahamas, recorre el 13 de noviembre de 2002 la costa atlántica procedente de San Petesburgo. En sus entrañas, 77.033 toneladas de fuel resisten el fuerte temporal que azota el litoral. Sin embargo, la estructura del buque no aguanta la fuerza del mar y se abre una vía de agua. Para intentar salvar la carga, los responsables del barco deciden llenar de agua el depósito de lastre del lado contrario del buque, para compensar la escora de del barco. Craso error. Esa determinación provoca las primeras grietas en los depósitos de fuel del Prestige.

Así comenzó hace 11 años la mayor catástrofe ecológica de la Historia de España, y una de las peores de Europa. Un suceso que convirtió en coloquiales palabras y expresiones como chapapote, nunca mais o «hillilos de plastina» y que, en principio, finalizó ayer tras la lectura de la sentencia.

Poco después de recibir la primera llamada de auxilio del petrolero, las autoridades competentes toman una decisión que, según el fallo judicial, resultó «discutible, pero eficaz»: alejar el buque de la costa gallega. Cómo se ratificó en el juicio, que ha durado ocho meses y en el que han comparecido alrededor de 200 expertos, las soluciones en aquel momento no eran muchas: llevarse el buque lejos, buscar un puerto de emergencia o tratar de reparar el barco. Además, se desconocía el impacto de cada una, porque no se sabía el estado real del petrolero.

Sin embargo, durante su deriva mortal a contrarreloj, el Prestige esparció parte de su carga en el Atlántico hasta que, a 246 kilómetros de Finisterre, el buque se partió en dos y se hundió. El Gobierno de José María Aznar trató de minimizar los daños que podía provocar aquel gigante engullido por el mar. El ahora presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, entonces vicepresidente, llegó a decir que el combustible del buque se «solidificaría en el fondo del mar y no habría ningún vertido más». Sin embargo, apenas un día después del naufragio, el 20 de noviembre, la marea negra comenzó a anegar las primeras playas gallegas. En total, el chapapote contaminó 1.600 kilómetros de costa y tras la catástrofe murieron 250.000 aves.

Fue en ese momento cuando ocurrió la única buena noticia de la tragedia: unos 10.000 voluntarios acudieron a Galicia para colaborar en las tareas de limpieza. Una vez más, los ciudadanos demostraron estar por encima de unos políticos que, 11 años después, volvieron a echarse en cara la responsabilidad de una tragedia que, según la Justicia, no fue culpa de nadie.