No me gusta la polarización. No debiera gustar a los ciudadanos que se les empuje hacia la polarización de la política, de la sociedad, de la vida. Polarizarse es como encerrarse en un castillo para defender hasta la rendición o la extinción las propias posiciones contra las de otros igualmente polarizados. En estados de polarización no existe el debate, el dialogo, el cambio de ideas, de información. Precisamente los instrumentos que nos sirven para adaptarnos  a la realidad en su contradictoria complejidad. En el estado de uniformidad que engendra la polarización resulta difícil la convivencia, la tolerancia. Un valor, este último que va perdiendo significado, en la misma proporción que el vocablo está desapareciendo del lenguaje ordinario. Cada vez se usa menos la palabra. No me gusta que nos conduzcan hacia la polarización, pero las actuaciones más recientes de jueces, fiscales y magistrados,  nos inclinan hacia ello. La Justicia siempre ha sido el refugio imaginario de la humanidad y la garantía de la defensa de la igualdad de derechos. Si esto falla, nos quedamos sin asideros institucionales y sociales. Nos habíamos esforzado en creer en la independencia de los administradores de la Justicia. Era el principal recurso que nos garantizaba la convivencia, a pesar de sus dificultades. Pero en los últimos años, sentencias insólitas,  actuaciones irracionales, procesos dilatados hasta la extinción, conspiraciones internas o externas, investigaciones más que dudosas, posicionamientos políticos descarados nos imponen dudar de la Justicia y de sus representantes. 
Se empeñan en polarizarnos  diariamente y a ello contribuyen con sus simplificaciones  los medios de comunicación. Ya hemos dejado de dar importancia a la negativa del PP, con excusas varias, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esto se hace y se mantiene en nombre  de la independencia de la judicatura. Nadie recuerda, o deliberadamente se olvida, que el citado Consejo fue nombrado por la derecha cuando estaba en el gobierno y durante los últimos años, en nombre de esa pretendida independencia, han permitido que la institución se degrade hasta límites insoportables. La derecha española, más cercana a la ultraderecha, nos está dejando sin las principales instituciones de la democracia para presentarlas como inviables y organizar otras  de carácter autocrático.
El último acontecimiento, antes de la huelga de jueces que se nos anuncia coincidiendo con la campaña electoral para elecciones de mayo, ha sido la reunión del Sr Feijóo con un nutrido grupo de fiscales, de la que han trascendido, entre otros, comentarios tan complicados como el cuestionamiento de la empresa 'Indra' que ordena las elecciones en España. Por algo parecido en los Estados Unidos, la cadena ultraconservadora de televisión, Fox New, se ha visto obligada a pagar más de setecientos millones de dólares de indemnización por haber dudado del papel de un empresa, Dominion, en las elecciones que Trump decía le habían robado. En España lo sugiere un fiscal, lo cual no deja de ser inquietante. Aunque, mucho más inquietante es la promesa del Sr Feijóo de derogar gran parte de la legislación que se está generando en esta legislatura. ¿Por qué? A la derecha no le gusta que haya más derechos, que haya más igualdad, que paguen más los que más tienen, que se regulen los alquileres de las viviendas. La democracia se presenta como un obstáculo que hay que remover para favorecer a los sectores poderosos del capitalismo hispano. En eso coinciden con movimientos que cada vez se extienden más por Europa. Como  ha afirmado en un reciente artículo en El País, Josep Ramoneda, 'El viento reaccionario sopla fuerte'.