El ambiente de tensión se incrementa en Cataluña en vísperas de la celebración el día 11 de septiembre de su fiesta nacional, que tendrá lugar dos días antes de la reunión fijada para abordar la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el Govern.
La Diada se presenta este año con un matiz distinto, con los políticos condenados por el procés en libertad y es, además, la primera tras unas elecciones autonómicas que han dado la vuelta al tándem independentista que han situado en cabeza a Esquerra hasta llevarla a la Presidencia de la Generalitat.
Lo que sí repite en esta fiesta de Cataluña es, en primer lugar, el formato de manifestación, pese al escenario de restricciones que marca la pandemia y, por otra parte, la división de las fuerzas independentistas, tanto la interna entre ERC y Junts como socios del Govern como la de estos con las entidades de la sociedad civil independentista que protagonizan la Diada.
El año pasado, el motivo de la división fue cómo afrontar el día siguiente a la inhabilitación del entonces president Quim Torra, condenado por el Tribunal Supremo por no retirar la pancarta en apoyo de los llamados «presos políticos» del balcón del Palau de la Generalitat y, un año antes, la cuestión que enfrentó a las distintas familias del secesionismo fue cómo afrontar la sentencia del Supremo sobre los políticos del procés, dictada apenas un mes después de la Diada. Este año, la Mesa de Diálogo político y su efectividad marcan la división y la confrontación del independentismo.
A menos ya de dos semanas, lo único que está claro es que los partidos secesionistas sí acudirán, aunque, no necesariamente en su cabecera y estarán acompañados por los políticos condenados por el Supremo, pero indultados por el Gobierno el pasado junio.
Está claro que tratarán de mostrar una fuerza y una unidad aparente que dista de serlo, especialmente en lo relativo a la cuestión más delicada: la búsqueda de una solución al conflicto político catalán, la cuestión que se abordará en la Mesa de Diálogo que se reunirá en Barcelona el 13 de septiembre.
ERC es la voz del Govern que más defiende esa convocatoria, mientras que sus socios de Junts ven más sombras que luces, una divergencia que se ha convertido en fuente de cruces de acusaciones entre sus dirigentes.
Junts reconoce que el hecho de que los políticos condenados e indultados puedan acudir a la manifestación representa un punto diferencial muy importante aunque para ellos lo principal es conseguir el derecho a la autodeterminación que el Gobierno de Pedron Sánchez niega. Para esta formación, no se descarta la vía unilateral e, incluso, retomar con todas sus fuerzas el 1-O en esta legislatura.
La gran incógnita a estas alturas es cuál será la participación, que es dónde se verá si el secesionismo mantiene su poder entre los catalanes puesto que la crisis del coronavirus deja notar un cierto agotamiento del movimiento independentista y más si se tiene en cuenta que la Diada de 2019 no llegó a congregar a más de 600.000 manifestantes, según los datos de la Guardia Urbana.
La marcha recorrerá algunas de las calles en las que se registraron los disturbios más duros y agresivos tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
Recordatorio
La CUP ha convocado sus propias movilizaciones en las cuatro provincias catalanas y ha advertido al Govern que no comparte lo que interpreta como una «deriva autonomista» en la Mesa de Diálogo a la vez que recuerda a Aragonès que la estabilidad del Govern está en sus manos.
La formación anticapitalista dio dos años a ERC en el acuerdo para la investidura de Aragonès y pone sus condiciones tras señalar que «O bien la Mesa aborda la amnistía y el referéndum de autodeterminación o no servirá para nada» la próxima cita basada en el diálogo.