La tranquilidad expresada hoy por Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, enferma terminal, a la que ayudó a morir, contrasta con la tormenta desatada en la clase política sobre la legalización de la eutanasia, en la que también ha entrado la Iglesia.
"No tengo miedo, estoy tranquilo, mi mujer dejó de sufrir", decía una y otra vez esta mañana Ángel Hernández en su domicilio, donde ha convocado a los medios de comunicación para hablar, una vez que quedara anoche en libertad tras prestar declaración como imputado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio en un juzgado de Madrid.
Y lo hacía, según insistía, tranquilo para "seguir con la batalla" de la regulación de la eutanasia, para que otras personas no tengan que padecer los fuertes dolores que desde hace meses tenía María José por su esclerosis múltiple.
"Llevaba 48 horas sin dormir y no había podido hacerlo en los calabozos, ha sido imposible; afectado, allí encerrado, no he podido hacer el duelo de mi mujer", se ha lamentado, no obstante Ángel, quien ha reclamado una ley de regulación de la eutanasia que "está en el Parlamento, se ha intentado que se aprobara pero tanto el PP, como Ciudadanos la han bloqueado".
Su defensa, según ha señalado, va a pedir que se aplique la atenuante que contempla el artículo 143.4 del Código Penal para que no tenga que entrar en prisión, pero no descarta solicitar el indulto si hay una sentencia condenatoria.
Esta decisión estaría en manos del Gobierno, pero hoy su portavoz, Isabel Celáa, no ha entrado en el asunto, aunque sí ha expresado el compromiso del Gobierno de impulsar "la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas" y llevarlo "cuanto antes" al Parlamento para su aprobación.
Celáa ha subrayado que no le "parecen de recibo" las críticas de la oposición de que el Gobierno haya utilizado la eutanasia en campaña, ya que lo que ha ocurrido -ha dicho- "fue tan fuerte, tan extremadamente doloroso que cualquier responsable político, estaba al alcance de todos, podía haber hecho un comentario al respecto".
La mayoría de las críticas han venido del PP que ha reprochado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "electoralismo" por abrir un debate sobre la eutanasia en plena campaña, mientras que se mantiene en su postura de apostar por los cuidados paliativos como medida para las personas que se encuentran en el "proceso de morir".
Una de las voces de ese partido ha sido la de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien ha pedido que en el debate sobre la eutanasia no se utilice "el sufrimiento ajeno para hacer campaña electoral" y ha recalcado que, si las iniciativas legislativas sobre esta materia que tenía en trámite la Cámara no han llegado a aprobarse, es porque el Gobierno anticipó las elecciones.
Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, ha defendido la necesidad de regular la eutanasia y ha recordado que la ley impulsada por su partido de muerte digna y cuidados paliativos no pudo salir porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones.
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias es "indecente" que una persona pueda ser detenida y encarcelada por "un acto de humanidad" como el que realizó Ángel Hernández al ayudar a morir a su esposa.
El tema de la eutanasia ha llegado a la mesa de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuyo secretario general, Luis Argüello, ha afirmado que "la muerte provocada no es la solución a los conflictos" de la sociedad.
"No pienso, Dios me libre, en la cárcel para nadie, pero sí en la necesidad, desde la radical defensa de la vida", de apoyar cualquier decisión que evite "que la muerte sea la solución de los problemas".
Las asociaciones que defienden la sanidad pública han urgido a regular la eutanasia y han criticado la alianza entre PP y Ciudadanos, que ha paralizado el debate del proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados y creado "una situación inasumible para muchas personas en situaciones intolerables".
"Las convicciones religiosas de algunas personas no pueden imponerse al conjunto de la población", señala la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) en un comunicado.
En el ámbito judicial, los fiscales progresistas -la Unión Progresista de Fiscales- han pedido la despenalización de las conductas eutanásicas, con la elaboración de una ley en la que se regule el suicidio asistido, porque el "poder legislativo no puede seguir ignorando la voluntad popular soberana".
Para los fiscales, cuando se ha preguntado a la sociedad "sin restricción de edad, credos ni adscripción política, ha manifestado de forma abrumadoramente mayoritaria su voluntad de que se regule legalmente la eutanasia".