La portavoz del equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el cierre de la línea del tren convencional no va a afectar a los proyectos relativos a los autobuses; es decir, ni al Plan Astra de conexión de los municipios del área metropolitana con la capital conquense ni al futuro proyecto de lanzaderas que conectará la ciudad con la estación del AVE Cuenca Fernando Zóbel.
Portillo, que no ha dudado en tildar la decisión judicial de "una mala noticia para Cuenca", ha detallado que no se verán paralizados estos servicios porque se trata de proyectos con financiación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Nada que ver con lo que ocurrirá, según ha subrayado, con el resto del Plan XCuenca, que cuenta con financiación de fondos de ADIF o Renfe, como es la integración de los terrenos de ADIF en la ciudad; es decir, desde la construcción del vial de conexión con la estación del AVE a los dos aparcamientos disuasorios contemplados en esta zona de la capital, cuya tramitación administrativa queda paralizada.
Ante este nuevo escenario, la portavoz municipal ha indicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la posibilidad de interponer un recurso contra esta decisión del Supremo, que, como ha remarcado, no deja de ser cautelar, aunque ha aclarado que "la acatamos y respetamos, a pesar de que nos parezca una malísima noticia".
Y, en este sentido, ha dejado claro que ésta "no es una opinión subjetiva, sino un dato objetivo a juzgar por los resultados electorales del 28-M", que, en su opinión, vinieron a refrendar el Plan XCuenca.
En un plano más político, Portillo ha afirmado que entiende que esto es lo que precisamente se quiere por el partido político que ha presentado este recurso contra el cierre del tren convencional, el PP; es decir, "que se paralice todo y que no avancemos".
Algo que, según ha dicho, parece que lo han conseguido, a tenor de las declaraciones a Ser Cuenca del decano del Colegio de Abogados de Cuenca, Ismael Cardo, en las que aseguraba que el alto tribunal está tardando una media de tres años para emitir una resolución definitiva. De ahí que haya dicho rotundamente que "es posible que en esta legislatura no se pueda avanzar en este proyecto".