Castilla-La Mancha ha solicitado a la Unión Europea que la aplicación de las directivas europeas relacionadas con la agricultura y la ganadería se puedan adaptar a cada país y cada región concreta, pues ha señalado que las diferencias entre distintas zonas de propia la comunidad autónoma ya son "abismales".
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha trasladado este mensaje en una rueda de prensa en las Cortes regionales, previa a su intervención este jueves en el pleno del parlamento y a raíz de las protestas de los agricultores y ganaderos.
En el caso de la comunidad autónoma, han cortado diversas carreteras por tercer día consecutivo para denunciar la crisis que atraviesa el sector primario, por los bajos precios que reciben por sus productos y las dificultades para acceder a las ayudas de la nueva PAC.
"Es un clamor la reivindicación. No es una cuestión regional ni nacional, sino que hay preocupación por la aplicación de la PAC en Holanda, en Francia, en Italia", ha señalado el consejero, que ha incidido en la importancia de que las medidas se puedan ajustar a la situación concreta de cada territorio.
Martínez Lizán ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha entiende las protestas del sector y comparte "las inquietudes" de esos profesionales, pero también ha pedido que "todo esto se haga con el máximo respeto, porque una cosa no quita la otra".
"Reivindicar cambios conceptuales para poder desarrollar más ágilmente el trabajo no quita para nada que sea con el máximo respeto a quienes nos rodean, que son los usuarios de los productos de las explotaciones", ha señalado el consejero de Agricultura, en alusión a los ciudadanos y transportistas que durante horas han vivido los atascos en las autovías.
Asimismo, ha recordado que "hay unas reglas del juego, que son las que hay que cumplir y que están determinadas por la UE, que es quien realmente articula todas las medidas de la PAC" y ha apuntado que los canales de interlocución se articulan a través del Ministerio de Agricultura.
Con todo, Martínez Lizán ha aseverado que el compromiso del departamento que dirige y de todo el Gobierno regional es "máximo" con el sector primario y mantiene la interlocución para que le puedan transmitir las inquietudes, "para solicitar las modificaciones que sean necesarias para articular de la mejor manera posible las implementaciones para el cambio" a la nueva PAC.
"La sostenibilidad no se puede hacer si no hay rentabilidad de las explotaciones. Está claro el concepto de que todo agricultor quiere ser sostenible, pero necesita ser rentable, para mantener a su familia, que también genera actividad económica en sus zonas", ha reflexionado el consejero de Agricultura.
Ayudas por la sequía y por las enfermedades animales. El consejero de Agricultura, que ha valorado que el sector primario supone el 18 por ciento del Producto Interior Bruto de la región y que sus exportaciones son un tercio de todas las ventas al extranjero de Castilla-La Mancha, ha resaltado que el Ejecutivo regional ha sido el primero en flexibilizar con garantías jurídicas para los agricultores los requisitos de la PAC, debido a las inclemencias meteorológicas, para que los productores no se vean perjudicados.
Asimismo, ha señalado que el Gobierno central ha aprobado 72 millones de euros en ayudas para los agricultores por la sequía, que ingresarán este mismo mes de febrero, y que el Ejecutivo castellanomanchego aportará otros 30 millones, por lo que en total las ayudas sumarán 102 millones de euros.
Ha recordado asimismo la afección a la cabaña ganadera de la región de la viruela ovina y de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y ha señalado que para la primera enfermedad, se destinaron 11 millones de euros en ayudas para los ganaderos afectados y que, para ambas, se han articulado 2 millones más por las pérdidas de los ganaderos por lucro cesante.
En cuanto a las denuncias por bajos precios, Martínez Lizán ha informado de que en Castilla-La Mancha, en virtud de la ley de la cadena alimentaria autonómica aprobada en 2013, se han realizado en los últimos 4 años un total de 679 revisiones de precios que han finalizado con 126 expedientes sancionadores -todos ellos sin mediar denuncia-, mientras que para 2024 se han previsto 240 controles de oficio, sin sumar los que puedan hacerse por denuncias, al tiempo que se ha comprometido a revisar la norma.
Por otro lado, ha anunciado que, con el objetivo de facilitar la liquidez a las explotaciones, el Gobierno regional va a poner en marcha convenios con las entidades financieras que lo deseen -que ha calculado que serán todas las que operan en la comunidad autónoma- para que los productores puedan acceder a créditos en condiciones preferentes.
"El compromiso es firme, rotundo. En esa línea trabajamos, con el objetivo de escuchar al sector, trabajar con el sector y articular las mejores medidas posibles", ha concluido el consejero de Agricultura.