Las personas dependientes crecen un 64% en los últimos 8 años

Miguel A. Ramón
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Los beneficiarios en la provincia de las ayudas de la Ley de Dependencia pasan de los 6.034 de 2015 a los 9.911 de 31 de mayo de este año, periodo en el que las prestaciones se han incrementado un 36,5%

De los 9.911 beneficiarios de la Ley de Dependencia hasta mayo de este año, el 76,94 por ciento tienen más de 65 años de edad. - Foto: Reyes Martínez

El colectivo de dependientes no ha dejado de crecer en la provincia de Cuenca en los últimos ocho años, con la única y contada excepción del ejercicio 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Y es que los beneficiarios de las ayudas o prestaciones de la Ley de Dependencia en este periodo se han disparado en un 64,2%, al pasar de los 6.304 de julio de 2015 a los actuales 9.911, a fecha de 31 de mayo; es decir, se han incrementado en este tiempo en 3.877 usuarios, según los datos aportados a La Tribuna por la delegada de Bienestar Social, Amelia López.

Entender, eso sí, por dependencia el carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, junto con la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria; o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, necesitan de otros apoyos para su autonomía personal. 

En esta situación se encontraban hace cinco años 9.420 personas, 491 menos que en la actualidad, por lo que en el último lustro el crecimiento del número de beneficiarios se ha situado en el 5,2%. En lo que llevamos de año, por su parte, la subida se ha cifrado en 85 solicitantes.

Perfil. Mujer, de grado moderado y con más de 80 años. Éste es el perfil más común entre los dependientes conquenses, ya que seis de cada diez se encuadran en este grupo de edad;es decir, cerca de 6.000 beneficiarios de ayudas o prestaciones por su condición de dependientes tienen 80 años o más.

Le siguen los dependientes con edades comprendidas entre los 65 y  los 79 años, que representan el 17,60 por ciento del total; los de 19 a 64, con el 16,98 por ciento; los de 3 a 18, con el 5,92 por ciento; y los menores de 3 años, con el 0,26 por ciento.

Las mujeres son mayoritarias dentro de este colectivo, hasta el punto de representar el 64,4%, puesto que son 6.365 de los 9.911 beneficiarios totales, mientras que los hombres superan ligeramente los 3.500.

De esos casi 10.000 dependientes, 4.196 (33,2%) corresponden al Grado I, es decir, de dependencia moderada y, por lo tanto, la persona necesita ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria, al menos, una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Un total de 3.194 se encuadran en el Grado II (dependencia severa), que equivalen al 25,3% del total; 2.422 en el Grado III (gran dependencia), que representan al 19,2%; y 2.831 no tienen asignado grado (22,4%).

Prestaciones. Evolución al alza de los dependientes de la provincia que ha ido acompañada en estos últimos ocho años, como es de esperar, de un crecimiento de las prestaciones concedidas, aunque, eso sí, en menor envergadura. 

Y es que se ha pasado de las 10.008 aprobadas en 2015 a las actuales 13.660, lo que supone un aumento del 36,5%. De éstas, 1.359 corresponden al Servicio de Prevención y Promoción de la Autonomía (SEPAP-MejoraT), 3.817 al Servicio de Teleasistencia, 2.841 al Servicio de Ayuda a Domicilio, 357 a estancias en centros de día, 2.167 en residencia, 933 a prestaciones económicas vinculadas a servicios concretos y 2.186 a prestaciones económicas en el entorno.

La delegada provincial de Bienestar Social no duda en asegurar hacer un buen balance y subrayar que «Cuenca es una de las provincias de la región donde mejor funciona la Ley de Dependencia». Y es que, a su juicio, las cifras hablan por sí solas.

Pone como ejemplos, por un lado, las solicitudes pendientes de valorar, que en ocho años se han reducido en un 66,6%, al pasar de las 611 de 2015 a las actuales 204, y, por otro, el impresionante descenso del 99,5% de los expedientes pendientes, que han pasado de los 3.944 de hace ocho años a los actuales 18.