Quizá una prueba para saber lo joven que es una persona sería preguntarle si le suena qué era el Sepecam. Hasta 2011 fue el Servicio público de Empleo de Castilla-La Mancha, aunque después de esa fecha ha seguido habiendo oficinas de empleo en la región y se las ha ido rebautizando. Hubo un tiempo que tenían en el logo una doble 'e' porque eran oficinas de 'Empleo y Emprendedores' y ahora se llaman oficinas 'Emplea'. El caso es que el Sepecam se podría resucitar en la región, aunque sea con el mismo nombre o con otro, pues la Junta está abierta a recuperar un ente público de empleo.
Así se lo han trasladado los agentes sociales esta mañana a Emiliano García-Page, pues el presidente de Castilla-La Mancha ha decidido que su primera reunión de la legislatura fuera con la patronal Cecam y con los sindicatos CCOO y UGT. Han sido los representantes de los sindicatos los que han manifestado a la salida que ha habido una buena predisposición por parte del Gobierno regional para recuperar en esta legislatura un ente público de empleo y también para crear un órgano nuevo, el Instituto de la Salud y Seguridad, más enfocado a combatir los accidentes laborales y la siniestralidad en el trabajo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se emplazó a próximas reuniones para ir concretando la disponibilidad presupuestaria y los plazos. Explicó que primero se tienen que reunir Cecam, CCOO y UGT para acordar unos "objetivos comunes". Después tocará analizar estas propuestas, que todavía están de "manera muy incipiente", comentó Franco. Apuntó que también habrá que abordarlo con la Consejería de Hacienda, para saber qué disponibilidad de recursos hay. "Mantendremos reuniones para analizar los objetivos compartidos, poner un marco temporal, fijar cronograma y las medidas presupuestarias", expuso.
El secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa, destaca la importancia de la "intermediación laboral, la cercanía, poner cara a las necesidades de empleo". Así argumenta que propongan "dar forma a un servicio público de empleo participado por CCOO, UGT y la patronal". Sobre la creación de un Instituto de Salud y Seguridad, cree que puede ser una realidad "más pronto que tarde".
El responsable de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, justifica un ente público de empleo para "seguir avanzando, para seguir teniendo de forma más fáciles esos protocolos y trámites de las personas desempleadas". Califica la siniestralidad laboral como un "problema de primer orden" en Castilla-La Mancha y cree que crear un instituto específico será ir "un paso más allá" para rebajar estas cifras de accidentes y muertes en el trabajo.
El presidente de la Confederación de Empresarios Cecam, Ángel Nicolás, valora el diálogo social en Castilla-La Mancha, como algo que "nos distingue de otras comunidades". Recalca que eso se materializa con muchísimas reuniones y muchas horas de trabajo, clave en en los últimos años dadas las circuntancias económicas que han sobrevenido. "Estamos previendo que 2024 va a ser complicadísimo en lo económico y vamos a tratar de blindar algunos asuntos que son de interés para la región, en eso nos vamos a empeñar", manifestó.
Diálogo social en el Estatuto
Los tres agentes sociales coincidieron en pedir que el diálogo social se incorpore en el Estatuto. Parece que está cerca de conseguirse, pues Monforte, de UGT, señaló que hay "predisposición" del Gobierno regional al respecto. Nicolás, de Cecam, insiste en que el diálogo social merece incorporarse en el Estatuto "y que no quede al albur de decisiones de futuros gobiernos". De la Rosa, de CCOO, apunta que debe ir en los títulos preliminares: "Estamos de acuerdo todos, el Gobierno y los agentes sociales, creo que será una realidad y me congratulo".
Arbitraje para conflictos laborales individuales
Otro avance que se ha puesto sobre la mesa es la incorporación del jurado arbitral para mediar en conflictos laborales individuales y no solo colectivos. Monforte incide en que se trata de "trabajar más con la resolución autónoma de conflictos". De la Rosa incide en que se trata de "evitar la judicialización del posible conflicto en el seno de las empresas".