Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga de tres días contra las reformas judiciales del Gobierno cifran el seguimiento de este segundo día de paro en un 70 %, frente al 75 % de la jornada de ayer y muy lejos de la cifra aportada por el Ministerio de Justicia, que rebaja ese seguimiento al 28,75 %.
Según han informado en un comunicado las cinco asociaciones conservadoras, a las 12:00 horas de este mediodía y con carácter provisional, el seguimiento de la huelga se sitúa "aproximadamente" en un 70 %.
Esta estimación -explican- se fundamenta en los correos electrónicos "voluntarios y confidenciales" recibidos de las personas que han comunicado su decisión de secundar la huelga.
En el comunicado, la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamentan que desde el Ministerio de Justicia no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación, ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas.
Además, confían en que gracias a la planificación de los servicios mínimos establecidos por el comité de huelga, el impacto sobre la ciudadanía haya sido limitado, "garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable".
Las cinco asociaciones (todas menos las progresistas) han convocado tres jornadas de paro en protesta, que finalizan mañana, por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.
Este martes -el primer día de huelga- cifraron el seguimiento en un 75 %.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rebajado la cifra a un 28,75 %.
A consultas del ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló la pasada semana que la huelga carecía de base legal y que, por tanto, no la daba por convocada.
Justicia pidió al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado los datos de las personas que han secundado el paro para detraer de su nómina la parte proporcional del sueldo, pero esos datos aún no han sido remitidos.