El partido Ciudadanos de Cuenca ha decidido personarse en la causa del derribo del muro que separa el Paseo San Antonio de los terrenos de ADIF y que en la actualidad está paralizado de manera cautelar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a petici´ón de la Demarcación en Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha.
Su concejala, Cristina Fuentes, ha confirmado que "ya hemos dado trámite a la procuradora para que se personara en el procedimiento con el fin de hacer un seguimiento del asunto" y tener así acceso a la informacón de toda la tramitación de esta actuación.
Y es que la formación naranja considera que "se trata de un asunto de alto grado de relevancia en la ciudad", por lo que cree necesario que el partido debe de estar personado, al igual que ha hecho con otros temas de interés como el cierre del tren o los terrenos de ADIF.
Como abogada titular del Colegio de Arquitectos de Cuenca, Fuentes ha dejado claro que el recurso de reposición interpuesto por el órgano colegial se sustenta "exclusivamente en criterios técnicos", en contra de lo que afirmaban el alcalde, Darío Dolz, y el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, que decían ver en este asunto "intereses políticos".
Fuentes ha mostrado su sorpresa por "las palabras de desprecio" de Dolz y Chana hacia el Colegio de Arquitectos por haber ejercido una acción legal y legítima, que considera que también suponen "un desmérito al sistema jurídico que nos protege como Estado de Derecho".
Sorpresa de Cs también extensible a la rapidez con la que se ha ejecutado el derribo de este muro, con el fin, a juicio de Fuentes, de "imponer por la puerta de atrás el Plan Xcuenca sin los procedimientos que avalan nuestro Estado de Derecho". Esto demuestra, a su juicio, "el interés político" del Consistorio en este asunto.
Y es que, en su opinión, no hay que perder de vista que "el proceso de paralización cautelar se ha iniciado porque el Ayuntamiento no ha facilitado en un mes toda la información sobre la legalidad del procedimiento requerida por el Colegio de Arquitectos". Requerimientos de información, según ha dicho, realizados en varias ocasiones.
En definitiva, una vez presentadas las alegaciones por parte del Ayuntamiento y la Diputación, "serán los tribunales los que tengan que decidir si realmente el procedimiento administrativo del Ayuntamiento para conceder las autorizaciones a la Diputación para este derribo ha sido legal o adolecía de ciertas irregularidades", ha concluido.