Fue uno de sus compromisos para esta XI Legislatura: reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha e incorporar, entre otros asuntos, el diálogo social entre el Gobierno regional y los agentes sociales. 

Este martes, en la firma de los convenios con las diputaciones provinciales para iniciar un nuevo plan de empleo que beneficiará a 7.000 castellano-manchegos, el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, volvió a confirmar su compromiso de blindar esta herramienta que, en su opinión, tan buenos resultados en materia laboral ha dado a Castilla-La Mancha.

Pero no contento con ello, García-Page abundó, además, en su deseo de que la nueva Carta Magna castellano-manchega pueda, además, articular mecanismos para "obligar a un consenso constitucional" a todas las decisiones políticas que se tomen en la región, algo "muy difícil, pero deseable", dijo.

Aprovechó también el acto, en el que estaban presentes los máximos representantes de los agentes sociales en la comunidad autónoma, Cecam, CCOO y UGT, para proponer estudiar una nueva ley para, "en pocos meses, podar el enredo burocrático" que existe en materia laboral. "Hay una gran cantidad de hojas en el árbol de la burocracia, pero haremos esfuerzos permanentes para ir podándolo", concluyó.