El Gobierno ha alejado este lunes la reforma del delito de sedición porque, aunque es un compromiso de legislatura y se está estudiando la fórmula para introducir cambios en su tipificación, no cuenta con la mayoría parlamentaria para aprobarla, mientras que desde el PP se ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "troceando" la "integridad" y la unidad de España.Fue Sánchez quien el pasado viernes negó en Bruselas que dicha modificación tuviera algo que ver con el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y quien dejó claro ya entonces que su compromiso para reformar este delito y hacerlo homologable a las principales democracias europeas seguía en vigor y que se hará cuando cuenten con la mayoría parlamentaria para hacerlo.
El diario El País publica hoy que el Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición y que ERC, que durante mucho tiempo pidió directamente la amnistía, insiste ahora en que quiere acometer la reforma.
Ni el Gobierno ni el PSOE han aclarado si la modificación iría en ese sentido. Fuentes de la Moncloa han remitido a la posición conocida y a las palabras de Sánchez en Bruselas y el PSOE, a través de su portavoz, Pilar Alegría, ha insistido en que no se cuenta con los apoyos necesarios -mayoría absoluta- para llevar a cabo el cambio en la sedición.
ERC ha asegurado, por su parte, que no entrarán en "subastas" sobre la reforma, pero sí ha dejado claro que serán "exigentes" con el Gobierno para que se equipare a estándares de países como Alemania, Suiza o Francia.
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha evitado concretar cuál es la propuesta de Esquerra para la reforma y aunque ha admitido "conversaciones" con Moncloa, ha insistido en desligarlo de las negociaciones sobre Presupuestos.
Los republicanos, según fuentes consultadas, consideran que esa reforma del Código Penal y del delito de sedición se enmarca en la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos, si bien un posible acuerdo al respecto sería clave para generar la confianza necesaria para avanzar también en un posible apoyo a los PGE.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que "se está estudiando" la fórmula para introducir cambios en la tipificación del delito, aunque ha remarcado que están condicionados por el análisis del entorno jurídico del resto de países europeos y por el necesario "consenso interno" en España.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha encargado de volver a desvincular este tema del apoyo de ERC a los presupuestos y ha asegurado que en el Ejecutivo están abiertos al cambio aunque ha dudado contar con una mayoría suficiente para poder sacarlo adelante en el Parlamento.
Frente a todo ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez de estar "troceando" la "integridad" y la unidad de España.
A su juicio, el jefe del Ejecutivo está "hipotecando España para su perpetuidad" dándole "a los enemigos confesos de España los intereses del país" a cambio de "seguir en los escaños" y negociar sin transparencia en "beneficio propio".
En la misma línea se pronunció ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien la reforma del delito de sedición, de llevarse a cabo, supondrá "el mayor atentado a la igualdad y libertad en España".
Las críticas a los cambios en la sedición se han repetido también desde Vox, cuyo portavoz, Jorge Buxadé, ha dicho que sería "gravísimo" que Sánchez se prestara a reducir a la mitad la pena por sedición a cambio del apoyo de ERC a los presupuestos porque dejaría libre el camino a sus socios separatistas para cometer ese delito.
Desde Barcelona, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, no ha querido pronunciarse sobre si a los comunes les parece bien la propuesta de reducir al 50 % las penas porque, según ha dicho, "las negociaciones están abiertas a todos" los partidos que participan en ellas.