Los veintisiete países de la UE han dado este lunes luz verde definitiva a la revisión de la revisión de la Política Agraria Común (PAC) que eximirá de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de requisitos medioambientales a las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo.

Se trata de los reglamentos sobre los planes estratégicos y financiación, gestión y seguimiento de la PAC en respuesta a los problemas encontrados durante el primer año de implementación de la nueva PAC.

La ley será firmada ahora por los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo antes de publicarse en el Diario Oficial y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, a finales de mayo.

La revisión del conocido como 'reglamento horizontal' se aplicará hasta el final del periodo de la actual PAC, que culmina en 2027, y algunas de sus disposiciones se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

El principal objetivo de estas propuestas legislativas es dotar a los agricultores y a los Estados miembro de una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales.

Sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agrícola de la UE.

Esta nueva muestra de solidaridad de la UE con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció la Comisión a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo en la antesala de las elecciones europeas de junio.

Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como 'BCAM', un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas sólo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas de la PAC.