La historia política del siglo XX en España no puede ser más agitada y variopinta: monarquía constitucional, dictadura de Primo de Rivera, república, dictadura de Franco, y monarquía parlamentaria. Hoy, inmersos en la corriente democrática que nos lleva a las urnas en dos ocasiones durante este año, resulta un tanto singular recordar el régimen autocrático del general Primo de Rivera, de cuyo inicio se cumplen cien años, en el próximo mes de septiembre. Una dictadura atípica, que se implantó sin derramamiento de sangre, que contó con el apoyo de la corona y de los partidos políticos, incluido el Socialista, y a la que sólo se opondrían los partidos de ideología republicana.

Un régimen que se planteó como un breve paréntesis no democrático, como la única fórmula posible para sosegar la inestabilidad social y ofrecer una solución rápida y eficaz a los problemas que aquejaban a España. Entre sus aciertos más notables, pueden citarse la resolución de la guerra con Marruecos, la paz social, así como una serie de reformas económicas que generarían cuantiosas inversiones del Estado en obras públicas, carreteras, viviendas sociales, y construcción de edificios públicos, como escuelas. Durante los siete años de gobierno de Primo de Rivera se construirían en España cientos de escuelas, más que durante la II República, según se documenta en el libro que el Ministerio de Educación tuvo a bien publicarme en el 2018.

Muchas de ellas, respondiendo a las propuestas de los respectivos ayuntamientos, grabadas con el nombre del general, o el de su título nobiliario, Marqués de Estella en su portada. Ya se ha comentado en este diario que, la construcción de los dos primeros edificios escolares de titularidad pública en la ciudad de Cuenca se inició durante esta etapa, aunque sólo uno de ellos, el Primo de Rivera, se terminaría antes de finalizar el mandato del general. 

Nuevas escuelas durante la dictadura de Primo de Rivera

Según se disponía en la normativa vigente, la construcción de escuelas  debía ser promovida y sufragada por los ayuntamientos, si bien a partir de 1922, el Estado se implicó decididamente en la expansión del parque público de edificios escolares, supervisando la calidad e idoneidad de los mismos, a través de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, así como incrementando significativamente en los presupuestos las partidas destinadas a este fin, y facilitando recursos a los ayuntamientos,  mediante subvenciones a fondo perdido, que podían llegar hasta el 75% del coste del edificio, o incluso a sufragarlo totalmente.

Además, a partir de la reforma del Estatuto Municipal en 1924, los ayuntamientos dispusieron de un mejor y más fácil acceso al crédito, especialmente al que otorgaban el Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas de Ahorro colaboradoras. Este sustrato económico y financiero favoreció el que germinaran por toda la geografía española cientos de escuelas de nueva planta, algo totalmente novedoso en aquella época. Salvo en algunas ciudades, el edificio-escuela no resultaba identificable a simple vista. No era reconocible porque no existía, ya que las aulas se encontraban desperdigadas en los bajos de cualquier dependencia municipal o en casas particulares. Por ello, la construcción de una escuela en los pueblos representaba una distinción singular con respecto a los municipios colindantes y que, probablemente, desencadenaría un acrecentamiento del orgullo local. 

Algo de esto experimentarían los vecinos de las localidades conquenses que, gracias a las gestiones de sus respectivos ayuntamientos y al apoyo económico del Estado, consiguieron disfrutar de las primeras escuelas públicas de nueva planta levantadas en la provincia. Sin duda, un acontecimiento histórico en estos pueblos, que marcaría el inicio de la expansión y dignificación de las infraestructuras escolares públicas dentro del territorio provincial.

Durante el septenio riverista, el Ministerio de Instrucción Pública aprobó la construcción de ocho edificios escolares, con dos aulas unitarias cada uno, en Buendía, Saelices, Pozorrubio de Santiago, Enguídanos, Portalrubio de Guadamejud, Villar de Olalla, Vara de Rey y Cañete, si bien en estas dos últimas localidades, aunque los proyectos estaban ya confeccionados en 1928 y 1929, no comenzarían las obras hasta después del advenimiento republicano. La cuantía de los presupuestos de obras variaba desde las 83.957 pesetas, correspondiente a las escuelas de Buendía, a la más baja de 46.460 pesetas de las escuelas de Cañete, rondando los demás proyectos las 50.000 Ptas. En todos los casos el Estado aportó más del 75% del importe de ejecución de obras.

Oficina Técnica. Los proyectos de las nuevas escuelas serían redactados por los arquitectos de la Oficina Técnica, que disponían de una serie de modelos en función del clima y número de aulas, que adaptaban al solar que los ayuntamientos ponían a su disposición. En el caso de escuelas con dos aulas, habitualmente se alzaban en una sola planta, con las dos clases, la de niños y niñas, dispuestas de forma simétrica, con entradas independientes para cada sexo a través de rampas, que solían acabar en un pequeño porche. La distribución del espacio interior se completaba con dos guardarropas y dos leñeras. A veces, se proyectaban servicios sanitarios y se incluía un pequeño despachito para el maestro. ¡Todo un lujo para los escolares y maestros de aquellos años!

Las fotografías que ilustran estas líneas corresponden a la escuela de Cañete, un ejemplo típico de pequeña escuela rural, y a la escuela de Enguídanos, levantada en dos alturas, debido a la reducida extensión del solar. Este edificio fue proyectado por Bernardo Giner, arquitecto ligado a la Institución Libre de Enseñanza, responsable del diseño de la mayoría de grupos escolares madrileños que se construirían durante la II República.

La labor de mejora de las infraestructuras escolares desarrollada durante la etapa riverista en la provincia se completa con dos actuaciones más. En Huete se subvencionaron las obras de remodelación de una zona del exconvento de La Merced con el objetivo de habilitar tres aulas destinadas a una escuela graduada con tres clases para niños, y una clase para niñas. En Iniesta, el Estado prometió al ayuntamiento una subvención de 80.000 pesetas destinada a la construcción de un centro escolar, aunque no se tiene constancia de que llegaran a ejecutarse las obras. Además, durante el septenio dictatorial, ya se habían admitido en el Ministerio de Instrucción Pública los expedientes de construcción de escuelas en Garcinarro, Valsalobre y Belmonte. La aprobación de los proyectos y edificación de estos centros se realizaría durante la II República.

Más maestros. Las medidas referidas a la enseñanza primaria pública durante el mandato de Primo de Rivera no se agotaron con la construcción de escuelas, sino que, además, se promovió el incremento de la plantilla del cuerpo de maestros, lo que permitiría abrir nuevas aulas en locales de propiedad municipal. Ante esta circunstancia, el ayuntamiento conquense adquiriría unas casas en el barrio de Tiradores para reformarlas y acondicionarlas como escuelas, las que hemos conocido, como Escuelas del Cristo, así como un edificio en la calle San Pedro, que también se habilitaría como centro escolar. Ambos inmuebles perdieron su condición escolar, y acogen hoy dos centros sociales de mayores. 
Una reconversión de uso que han vivido otros edificios-escuela de la provincia, y que evidencia el cambio experimentado tanto en la pirámide poblacional como en las infraestructuras educativas: hace un siglo, escaseaban los edificios escolares para acoger a los niños; hoy, en muchas localidades conquenses sobran aulas, y faltan escolares.