El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha radiografiado el complejo entramado que presuntamente orquestó el PP de Madrid para financiarse ilegalmente al menos entre 2004 y 2014, un sistema del que participaron sus máximos responsables pero que ideó y supervisó Esperanza Aguirre.
Aguirre declarará por primera vez como imputada el próximo 18 de octubre, pero antes lo harán sus sucesores Ignacio González (ya investigado en esta causa y también en el caso Lezo, por el que llegó a estar en prisión preventiva) y Cristina Cifuentes. Se les atribuyen una decena de delitos de corrupción y el de organización criminal.
El auto del juez atribuye a Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.
El juez acusa a Aguirre de controlar la caja B del PP - Foto: PPEl magistrado cree que desde su llegada al poder en 2003, se organizó un sistema para financiar "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008. Pero también cita episodios posteriores que muestran que el sistema funcionó hasta 2014, cuando cayó el considerado cabecilla de la trama, Francisco Granados.
En el caso de Cifuentes, la imputación se circunscribe a asunto concreto: los amaños de las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2001 a favor del empresario Arturo Fernández, que en 2007 había donado al PP 160.000 euros de forma encubierta.
La causa contaba hasta hoy con 42 investigados; ahora se suman 29 más, con Aguirre, Cifuentes y los exconsejeros Juan José Güemes, Manuel Lamena, Borja Sarasola y Gádor Ongil entre ellos.
Una década
La financiación irregular del PP madrileño se inició, según el juez, a principios de 2004, al poco de llegar Aguirre al poder. Sus dirigentes fijaron entonces "una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido" que rebasaban la legalidad.
Este sistema de obtención de fondos ilegal se alargó hasta que estalló la operación Púnica en 2014, ya que hay indicios de que los investigados estaban recaudando fondos para "el pago subrepticio" de gastos electorales de la campaña de 2015.
Propaganda institucional
La primera fórmula que idearon pasaba por las partidas de propaganda institucional de distintas consejerías, usadas como "coartada" para desviar dinero público al PP.
Los políticos implicados se aliaron con el empresario imputado Horacio Mercado, dueño de Over Markéting, el primero en colaborar con el PP. El sistema era el siguiente: sus empresas recibían contratos de publicidad y luego desviaban el dinero "para financiar" al PP a cambio de un trato de favor de la Comunidad en sus adjudicaciones. "El plan implicó el desvío del dinero público a los consejeros del PP de Madrid que se avinieron a ello", algo que se produjo en una reunión presidida por Aguirre en 2004.
El "verdadero objeto" del contrato era "recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP de Madrid".
Después de esta reunión de 2004, dice el juez, hubo "nuevos artilugios" en la financiación irregular, que, como este, se articularon bajo la supervisión y el "control directo" de Aguirre.
Empresas públicas
Se desviaron fondos mediante la adjudicación de contratos "con la prestación simulada o sobrevalorada" de empresas públicas como la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II.
Una de las empresas adjudicatarias, ahora imputada, es Indra, que entre 2008 y 2013 pagó facturas falsas que camuflaban gastos electorales del PP por valor de 1.138.247 euros.
Otro "importante flujo de fondos" se desvió desde otras entidades como el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia, y "desde otras administraciones locales".
Fundescam
El juez cree que la fundación Fundescam, "directamente vinculada al PP" y que presidió Aguirre, se usó como "trasvase de fondos" para el partido.
Se hizo a través de varias vías, como pagos de empresarios al PP de más de 350.000 euros camuflados en donaciones a la fundación y subvenciones de la Comunidad de Madrid a Fundescam que se desviaban al partido. A través de Fundescam se pagó "de manera encubierta" a los proveedores del PP, que facturaban a la fundación los servicios que hacían para el partido.
Desde las cuentas de Fundescam, dice el juez, salieron más de 500.000 euros para pagar la campaña de 2007. La Fundación Caja Madrid también donó al PP, a través de la fundación, 178.434 euros.
En 2011 hubo nueva subvención pública. Fundescam recibió 127.850 euros, que también se desviaron al PP a través de "facturación simulada".
Caja B
La controlaba Beltrán Gutiérrez y "se nutría con ingresos de dinero en efectivo de procedencia desconocida" para después pagar, también en efectivo, actos de las campañas de 2007, 2008 y 2011 con los que se perseguía "una gran puesta en escena y mayor divulgación".
El juez ha detectado "abonos en efectivo" de más de un millón de euros que presuntamente no se incluyeron en la contabilidad electoral, eludiendo así la fiscalización de la Cámara y Tribunal de Cuentas de Madrid.
A través de la presunta caja B, "indiciariamente" también se pudo pagar a "alguna de las personas que se situaron detrás de las adjudicaciones amañadas".