«Hoy día 3 de mayo de 2018 a las 14:00 hora local ETA ha dejado de existir». Con estas precisas palabras el director ejecutivo del Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario, David Harland, certificó hace cinco años la extinción definitiva de la organización terrorista. Fue la crónica de una muerte anunciada, anticipada por la propia banda a sus militantes en abril de 2018 en el boletín Zutabe número 114. «Está a la vista que todavía nuestros objetivos no se han cumplido», recogían sus páginas. Tras seis décadas de existencia y medio siglo después de su primer asesinato, ETA expiraba su último aliento reconociendo su fracaso.

Así ocurrió después de que dos históricos dirigentes de la organización, Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, entonces huido de la Justicia, y María Soledad Iparragirre Anboto, presa en Francia, leyeran un comunicado en el que se hablaba sin tapujos de «disolución» y de fin de un «ciclo histórico y de su función». Nada dijeron de la verdadera realidad en ese momento: la banda se veía obligada a afrontar su final forzada por la acción del Estado, no por voluntad propia. 

Las conversaciones mantenidas con el Gobierno entre 2005 y 2007 fracasaron, se abrieron crisis internas en 2003, 2004 y 2008 y descarrilaron los intentos de desarrollar una capacidad terrorista desestabilizadora. Pocos meses después de que el grueso de ETA decidiera continuar con la violencia por abrumadora mayoría (en una votación interna un 80,5 por ciento de sus miembros se pronunció a favor de seguir con las armas, un 15,5 se opuso y un cuatro se abstuvo o votó en blanco), un reducido grupo de dirigentes tomó la decisión contraria pensando, eso sí, que todavía tenían capacidad de negociación.

El anuncio del fin del terrorismo se hizo el 20 de octubre de 2011, tres días después de que una representación de antiguos mandatarios internacionales reunida en el Palacio de Aiete, en San Sebastián, le pidiera a la banda que tomara esa decisión y a los Ejecutivos de España y Francia que emprendieran conversaciones sobre las «consecuencias del conflicto», que no era otra cosa que el desarme de ETA a cambio de la libertad de los presos y la retirada policial del País Vasco. En realidad, cuando la banda anunció el abandono de la violencia ese octubre de 2011, hacía ya 20 meses que las armas habían callado.

Siete años después, llegó su disolución definitiva; una extinción que, pasado ya un lustro, sigue coleando en la actualidad nacional. De ETA quedan todavía sus presos, el dolor de sus víctimas y el lastre de su recuerdo, muy presente como arma arrojadiza en el embarrado debate político. En España, las heridas de tantos años de violencia siguen abiertas y supurando en las familias de los asesinados, como se esfuerzan en recordar las principales asociaciones de víctimas. Reprochan al actual Gobierno haberse plegado a las demandas de EH Bildu para poder sacar adelante sus iniciativas políticas. Unas peticiones que culminaron el mes pasado con el final definitivo de la política de dispersión de presos.

«Traición»

Actualmente quedan 127 reclusos etarras en las cárceles vascas, siete en Pamplona y 12 en Francia, además de una veintena que cumplen condena en sus domicilios y en centros especializados. A ellos hay que sumar algo más de una decena de condenados etarras críticos que abandonaron el colectivo de presos (EPPK) disconformes con su aceptación de las vías legales y que cuentan con el apoyo de grupos disidentes que reclaman la amnistía total. Una excarcelación masiva que en Euskadi no ha ocurrido, pero que los líderes de EH Bildu ya pusieron sobre la mesa como el siguiente paso a lograr de la mano del Ejecutivo cuando se informó del fin de la política de dispersión. «El futuro pasa por un horizonte sin presos, ni deportados ni refugiados», defendió el coordinador general de la formación abertzale, dando una pista de su siguiente objetivo.

Las asociaciones de víctimas ponen el foco en este objetivo de Bildu y la «traición» que a su juicio supondría para la memoria de los suyos lograrlo. Si bien, no es esta la única fuente de críticas hacia la que entienden como actitud de desamparo por parte del Estado en favor de los reclusos etarras: el Gobierno vasco se hizo hace año y medio con la transferencia de prisiones, prevista en el Estatuto, pero impensable en la situación anterior.

El Ejecutivo vasco es ahora el responsable de otorgar terceros grados a los reclusos, también a los de ETA, aunque se está topando con la posición contraria de la Audiencia Nacional, que ha revocado 11 progresiones de grado con el argumento de que los presos no han expresado un verdadero arrepentimiento.

En este sentido, en octubre de 2021 los abertzales escenificaron un nuevo paso hacia la paz al expresar solemnemente su «pesar y dolor por el sufrimiento padecido» por las víctimas de ETA, un dolor que, añadió Otegi, «nunca debió haberse producido». Esta declaración fue insuficiente para las asociaciones de víctimas y también para partidos como el PP y el PNV, que pusieron el acento en que no se mencionaba lo injusto del dolor causado.

Las fuerzas de la oposición al Gobierno que lidera Pedro Sánchez arremeten duramente contra la alianza que mantiene con los abertzales. EH Bildu es uno de los grupos del llamado bloque de investidura y ha permitido al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos sacar adelante muchas de sus iniciativas parlamentarias esta legislatura. 

Sin embargo, sus políticas actuales no son compartidas unánimemente por sus bases, en especial por los más jóvenes, muchos de los cuales se organizan en torno a un movimiento socialista ortodoxo GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) que rechaza el «aburguesamiento» de EH Bildu y plantea una serie de reivindicaciones compartidas por movimientos similares de carácter internacionalista que vuelven a poner el foco en la independencia del País Vasco. 

La realidad transcurre ya por otros derroteros. Según el último Sociómetro vasco, que elaboró el Gobierno de Euskadi el pasado mes de marzo, el 23 por ciento de los ciudadanos de la comunidad está a favor de la independencia, otro 23 la apoyaría «según las circunstancias» y el 41 se muestra abiertamente en desacuerdo.

Con todo, cinco años tras su disolución, la sombra de ETA sigue siendo alargada, con heridas aún abiertas y la constatación, cada vez más asumida, de que no podrá haber un relato compartido de lo sucedido tras 60 años de historia de terror, miedo y muerte.