El 23J y unos resultados que obligan a la búsqueda de apoyos en diferentes latitudes políticas al partido que se aventure a intentar la investidura ha puesto en primer plano la necesidad de afrontar la reforma de la financiación autonómica. Sobre todo porque una de las condiciones del Junts de Puigdemont para apoyar a Pedro Sánchez, más allá de sus ensoñaciones independentistas, es la condonación de la abultada deuda de Cataluña con el Estado a raíz de la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica, herramienta creada por el Ministerio de Hacienda del popular Cristóbal Montoro en 2012 para que los territorios hicieran frente a la crisis financiera. Actualizado en 2009 y caducado desde 2014, el modelo de financiación autonómica, el reparto de los ingresos del Estado entre las comunidades, no se ha tocado en una década, principalmente por periodos de desgobierno,
incertidumbres políticas, un ejecutivo, el de la última legislatura, sostenido sobre pilares débiles y, principalmente, por la falta de consenso y voluntad política.
La ausencia de madurez para afrontar una reforma clave en la relación entre las Comunidades Autónomas y el Estado no eclipsa la existencia de una España diversa que trata de superar la influencia de las siglas políticas. Porque las peculiaridades de los distintos territorios han servido para unir a partidos de diferente color político.
Así, Cataluña o Madrid, curiosamente cercanas en este ámbito, no adolecen de los problemas que afrontan Castilla y León, La Mancha, Cantabria o Asturias a la hora de afrontar el coste de los servicios públicos en un contexto de despoblación y dispersión geográfica. Frustrada su intención de abordar la reforma del modelo durante la ya pasada legislatura, Pedro Sánchez, de prolongar su estadía en La Moncloa, ha de afrontar el más difícil todavía, ya que el PP, tras el 28M, ha ampliado su poder territorial en 12 de las 17 autonomías.
La resolución ha de llegar en base a cuestiones técnicas, pero los desafíos para llegar a buen puerto, aparte de las dificultades de coser bajo un hilo común, comunidades con diferentes especificidades, son políticos. La quita a Cataluña, si finalmente Junts tuerce el brazo a los socialistas, incrementará la sensación de agravio entre territorios que pervive en la actualidad.
Han de prevalecer los principios de solidaridad e igualdad y el ejecutivo resultante de los comicios ha de promover la equidad. Es de recibo que, como demanda el Partido Popular, la cuestión se debata en el marco del Consejo de Política Fiscal, que se superen las tentaciones bilaterales con Cataluña para dar cabida en la discusión de la reforma a las autonomías. El alumbramiento de un modelo hecho para durar debe aislarse del mercadeo de apoyos
para sellar la investidura. Solo así será capaz de superar la 'prueba del algodón' un mecanismo que ha de servir para unir al país frente a la división que traen las prebendas y concesiones a determinados territorios.