CCOO mantiene la lucha, compartida con numerosos ayuntamientos y colectivos, por la recuperación y actualización del tren de Cuenca y recuerda que la clausura del tramo Tarancón-Utiel fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo y que este órgano judicial tiene que pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra el cierre parcial de la línea, entre ellos el contencioso-administrativo presentado por la Confederación Sindical de CCOO.
El sindicato, cuyo gabinete jurídico -según recuerda en nota de prensa- elaboró también el recurso presentado por los ayuntamientos afectados que dio pie a la suspensión cautelar de la exclusión del tramo Tarancón-Utiel de la Red Ferroviaria de Interés General, sigue sosteniendo que todas las actuaciones tanto de facto como jurídicas que llevaron a la clausura de la línea se realizaron sin base ni cobertura legal; y confía en que así lo determine finalmente el Tribunal Supremo.
Medidas cautelares. Entre tanto el Alto Tribunal emita sentencias, CCOO recuerda que tanto ADIF como el Ayuntamiento de Cuenca y cualesquiera otras empresas o instituciones, deben suspender también todas las medidas que hayan previsto ejecutar dando por hecho el cierre definitivo de la línea.
En esta línea, en la reunión del pasado 20 de julio del Consejo de Administración de ADIF, el consejero de CCOO pidió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que adopte todas las cautelas necesarias para la preservación íntegra de la línea Aranjuez-Cuenca-Valencia, atendiendo al auto de medidas cautelares emitido el 26 de junio pasado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo.
"Le hemos indicado a ADIF que dichas medidas cautelares, destinadas, entre otros fines, a garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, deben incluir la suspensión cautelar de los traslados forzosos derivados de la clausura de la línea", apunta la organización sindical en nota de prensa.
"Traslados que, en cualquier caso, deben tratarse y acordarse con las personas afectadas, alrededor de una veintena", explica el responsable de CCOO-FSC Cuenca, Ángel Luis C. Bobillo, que recalca que "la defensa de los derechos del personal de ADIF por parte de CCOO ha sido constante desde que se vislumbraron los primeros riesgos de cierre de la línea; al igual que lo ha sido, lo es y lo será, la defensa del ferrocarril como medio de transporte más social y más sostenible de cuantos existen en la actualidad".
Postura de CCOO. "CCOO sigue apostando por un servicio ferroviario intermodal que recupere y actualice la línea Aranjuez-Valencia por Cuenca. Para ello trabajamos sindical y jurídicamente, frente a la política de hechos consumados a la que el Tribunal Supremo ha puesto freno cautelar; y frente a la injustificable y malamente explicada decisión de desmantelar el tren de Cuenca, que esperamos anule y revierta el Alto Tribunal".
CCOO recuerda que la clausura del tramo Tarancón-Utiel "partió de la excusa de que durante la Filomena se cayeron algunos árboles sobre la vía. Y, en vez de retirarlos y limpiar la línea, se aprovechó la circunstancia para cerrarla."
"Todo el expediente administrativo que condujo a la clausura, desde el 'Protocolo General de Actuación' suscrito el 9 de marzo de 2022 por el Ministerio, ADIF, la JCCM, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca; al Acuerdo del Consejo de ministros de 22 de marzo, está prendido con alfileres, incumpliendo requisitos y eludiendo trámites fundamentales", indica.
"Todas estas instituciones adoptaron una estrategia de hechos consumados para imponer su decisión y para intentar convencer a la ciudadanía conquense de que la llegada de inversiones para el 'Plan XCuenca' pasa por cerrar un tren que contra toda evidencia califican de 'obsoleto y caduco'; para así, de paso, levantar las vías y liberar espacio en el centro de la capital", señala.
"En los terrenos de Renfe en la capital conquense hay suficiente espacio. Desde 1996 está planteada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la posibilidad de desarrollo de infraestructuras y servicios (PERI-9) para el disfrute y beneficio de los vecinos y vecinas de Cuenca, sin necesidad de eliminar vías ni acabar con el tren, que no solo ha sido útil para la capital sino para todos los municipios y comarcas por donde pasa la línea."
Sin embargo, tal y como apunta, "el Ayuntamiento se dio mucha prisa en acometer ese desmantelamiento, que se ha quedado paralizado y empantanado tras el auto de medidas cautelares del Supremo ¡Y todo esto se hizo en 'el año europeo del ferrocarril'! Se ve que los planteamientos europeos para garantizar la sostenibilidad del transporte, que es vital para el futuro del clima y del plantea, son menos relevantes que a saber qué otros intereses", concluye.