PSOE y PP viven esta semana que arranca su primera pugna importante tras el 23-J. Los distintos grupos políticos se presentan al examen inicial de la legislatura este jueves con la composición de la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja en juego. El resultado de esta votación sentará previsiblemente las bases para los acuerdos que llevan semanas forjándose de cara a una investidura aún incierta que ni Pedro Sánchez, a priori con más apoyos, ni Alberto Núñez Feijóo, ganador de los comicios, tienen aún atada.

Y es que vencer en las elecciones no garantiza al instante la condición de jefe del Ejecutivo cuando se carece de los apoyos parlamentarios necesarios. La situación que vive en estos momentos España no es algo excepcional. Mariano Rajoy, ganando los comicios del año 2015, tuvo que declinar la oferta del Rey para tratar de formar un Gabinete por no tener los respaldos suficientes y Pedro Sánchez no consiguió el aval del Congreso en una alianza con Cs para arrebatárselo, convirtiéndose así en el primer candidato en fracasar en un debate de investidura. Cuatro años después, Sánchez tuvo que pactar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y acuerdos de legislatura con nacionalistas e independentistas para asegurarse el cargo. Antes, Felipe González o José María Aznar también tuvieron que sucumbir a las exigencias de partidos como CiU o PNV para gobernar.

El 23-J confirmó dos bloques muy empatados: el de la izquierda liderado por el PSOE de Sánchez y el de la derecha comandado por el PP de Núñez Feijóo. Ni uno ni otro tienen mayoría suficiente y necesitan del apoyo del resto de grupos. Feijóo cuenta con el respaldo de Vox y de UPN. Necesita además el único voto de CC y los cinco del PNV, al igual que Sánchez que, apoyado por Sumar y EH Bildu, también precisa a Junts, ERC y BNG.

Las cinco formaciones se saben decisivas y se dejan querer, pero poniendo sobre la mesa que ningún apoyo será gratis. Estas son algunas de las cartas en juego. 

El sistema de financiación

Los socialistas quieren que en la próxima legislatura queden aparcadas las posiciones de «máximos» de los últimos años y pactar con las comunidades la reforma de su sistema de financiación, pendiente desde hace 14 años. En el PP y Vox dudan de esa voluntad del PSOE y la enmarcan en el «mercadeo» de escaños y las «cesiones» a los separatistas.

Ya se ha difundido que el PSC podría estar hablando con ERC y JxCat de quitas en la deuda de Cataluña con el Estado a cambio de apoyar a Sánchez, lo que ha revolucionado al resto de autonomías, que se niegan a que haya acuerdos bilaterales sobre los fondos destinados a las comunidades. Desde algunos territorios se ve la propuesta como una cesión al independentismo. 

Autodeterminación de Cataluña

La amnístia, el referéndum y la autodeterminación de Cataluña son los asuntos más espinosos a tratar con los independentistas. ERC espera poder «mover» a Sánchez hacia la consulta de autodeterminación y se jacta de que el socialista «decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición», pero ambas cosas han sido conseguidas esta legislatura. Con siete escaños -seis menos que hasta ahora-, esta formación ha puesto encima de la mesa tres condicionantes: seguir negociando el conflicto político entre el Estado y Cataluña, el traspaso de Cercanías y acabar con el déficit fiscal catalán.

Sabiéndose decisivos para Sánchez, el precio que pone Junts a su apoyo es aún mayor: amnistía y autodeterminación. El PSOE, a priori, no está dispuesto a ceder ante un referéndum que no tiene encaje constitucional, pero los de Puigdemont tienen claro que si no hay consulta, forzarán unas nuevas elecciones. El PP, por su parte, ha cerrado la puerta a las exigencias de Junts.

El estatuto de Gernika

Y el PNV ha adelantado que no está dispuesto a apoyar una investidura de Feijóo, pese a que Vox ha anunciado que no exigirá entrar en el Gobierno. Más convencidos están los nacionalistas vascos a negociar con el PSOE, al que piden un acuerdo sobre el modelo territorial en Euskadi y Cataluña para que sus cinco diputados apoyen a Sánchez. De momento, se mantienen a la espera de que les traslade su propuesta, en la que sería primordial completar el Estatuto de Gernika.

Régimen canario y agenda gallega

CC también ha puesto precio a su solitario escaño y aguarda a que PP y PSOE muevan ficha, aunque parece más dispuesta a unirse a los conservadores. Pone sobre la mesa el cumplimiento del régimen económico y fiscal de Canarias, el respeto a su estatuto de autonomía o la participación en la gestión de los aeropuertos. El BNG, por su lado, se decanta por el apoyo de su también único diputado a un Gobierno progresista, pero no da «cheques en blanco» y pone como base la «agenda gallega», que incluye 2.000 millones de euros para la región.