La Plataforma por el Tren de Castilla-La Mancha ha valorado la suspensión de la clausura del tramo ferroviario entre Cuenca y Utiel, exigiendo la vuelta al servicio público ferroviario entre Madrid, Cuenca y Valencia. La plataforma ha señalado en nota de prensa que de la lectura de las alegaciones que realiza la abogacía del Estado se desprenden varios hechos, el primero el criterio "exclusivamente economicista" que arguye el Ministerio para suspender las obligaciones de servicio público e iniciar el desmantelamiento de la infraestructura. "Un procedimiento inédito en España que no se aplica a otras relaciones ferroviarias que presentan similar deterioro y peores resultados que los ofrecidos por la línea de Cuenca", con una ocupación media del 20% de las plazas ofertadas. Para quienes arguyen este "brutal recorte" en los servicios públicos, continuan, los criterios de ordenación del territorio, de cohesión social o de oportunidades futuras para desarrollar los territorios más desfavorecidos son obviados. En segundo término, se desprende que "no existe ningún Plan X (por o equis) Cuenca", porque no se menciona este, con lo cual se enfrentan "ante una entelequia sin planificación sobre la movilidad, solo el ánimo de algunos de recortar lo público o de disponer de oportunidades de negocios". En otro sentido, continúan, la Abogacía del Estado "parece desconocer, posiblemente de forma deliberada, que el Protocolo de Actuación de 25 de mayo de 2022 es una mera declaración de intenciones, como aclaró el Ministerio de Transportes, y que, además, ADIF ha incumplido el convenio suscrito con la Diputación y Ayuntamiento de Cuenca el 16 de septiembre de 2022". Respecto a las actuaciones acometidas por ADIF, "desde la excusa de la tormenta 'Filomena' para suspender el servicio ferroviario", se ha limitado a cerrar la estación de Cuenca, lo que ha generado "una brecha urbana de dos kilómetros que parte la ciudad, y, asimismo, arrasa con las instalaciones de seguridad necesarias para la explotación ferroviaria". Respecto a los puestos de trabajos asociados a la línea, la Abogacía del Estado, "de manera cínica", dicen desde la Plataforma, "alega que de acogerse esta petición, podría darse el caso que esta medida de suspensión fuera en contra de los intereses de los propios empleados". "Una afirmación gratuita a la que, con la adopción de medidas cautelares, solo puede responder ADIF, inmediatamente, con la reversión de sus actos y con responsabilidades económicas por el hecho objetivo de que varios trabajadores han sido trasladados de forma forzosa y otros han debido abandonar la empresa por las condiciones gravosas impuestas por ADIF", prosiguen. Por tanto, además de la medida cautelar ya adoptada, se precisa que se establezca el diálogo entre el Mitma y las personas y localidades afectadas. Es preciso, "en breve", mantienen, restituir las obligaciones de servicio público ferroviario, suspender y revertir cualquier obra que afecte o haya afectado a la infraestructura del ferrocarril y, del mismo modo, la vuelta de los trabajadores a los puestos que desempeñaban. "Consideramos urgente el restablecimiento del servicio ferroviario en esta línea para revertir el daño medioambiental que se está produciendo al derivar el transporte a la carretera en plena emergencia climática y para una vertebración de las provincias afectadas que están en grave riesgo de despoblación", han finalizado.