Si una cosa han dejado claro a lo largo de esta legislatura los catalanes de Junts es que ellos no dan algo a cambio de nada. Saben que sus siete diputados valen oro en las negociaciones con el Gobierno central y exprimen su fuerza cada vez que el Ejecutivo llama a su puerta en busca de apoyo. Uno de los frentes abiertos en la actualidad es la conocida como ley Bolaños, la norma con la que el ministro de Presidencia y Justicia pretende reformar de arriba a abajo las reglas para acceder y regular las carreras judicial y fiscal, que ha causado esta semana una huelga de tres días en el sector.
En este contexto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió el pasado fin de semana a Suiza para reunirse con la cúpula de la formación independentista, aprovechó la cita para pedir un «impulso» al plan de Félix Bolaños.
Desde Junts no quisieron dar en ese momento detalles sobre qué se trató en esta cita, pero ayer el equipo de Carles Puigdemont avanzó que evidentemente pusieron sobre la mesa sus condiciones. Así las cosas, exigen el cumplimiento de 30 enmiendas como condición sine qua non para garantizar su apoyo. Entre ellas estaría la creación de una nueva entidad que, bajo la denominación de Consell de Justicia de Catalunya (CJC) pretende asumir buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convirtiéndose en el órgano de gobierno de los jueces en esta comunidad.
Según ahondaban fuentes de Junts en un periódico nacional, entre las atribuciones del CJC estarían «designar el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y también designar los presidentes de la sala de dicho Tribunal Superior y los presidentes de las audiencias provinciales».
Asimismo, pretenden «nombrar y cesar los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución». «Y también determinar la adscripción de estos jueces y magistrados a los órganos judiciales que requieren medidas de refuerzo», agregan.
Las peticiones de Junts no se quedan solo ahí. No se olvidan del idioma y están dispuestos a obligar a los jueces que ejerzan en Cataluña a conocer la lengua.
Algunos medios ahondaron incluso en que Puigdemont pretende la disolución de la Audiencia Nacional. No es nueva la animadversión de los de JxCat por esta institución judicial, ya que el partido que lidera el político huido en Waterloo denunció hace más de un año que este tribunal era una «reminiscencia franquista» y que su única tarea era hacerle «el trabajo sucio al Estado». De este modo, propone que su «funciones y competencias» se redistribuyan «conforme a los principios de territorialidad, especialización funcional y proximidad jurisdiccional», según reza el texto de requerimientos.
jornada de protestas. Precisamente, la ley Bolaños es la que durante el martes, miércoles y jueves de esta semana ha hecho que jueces y fiscales fueran a la huelga en señal de protesta. Ayer finalizaron los paros con la guerra de cifras aún en lid, si bien las asociaciones convocantes volvieron a cifrar en el 65 por ciento el seguimiento en la última jornada.
Por otra parte, el Consejo del Poder Judicial aclaró ayer mismo que no puede «recabar imperativamente» la identidad de los profesionales que secundaron este movimiento contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia, tal y como solicitó el Ministerio del ramo, para que le facilitara una «lista completa» con el fin de poder restarles salario por los días de paro.